Primera jornada de la Conferencia Internacional
En el primer día de la Conferencia Internacional, Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP, resaltó en sus palabras de inauguración del evento que el cambio climático es un nuevo escenario donde se ubica la discusión sobre los derechos de las personas y que resulta esencial para nuestro país – uno de los lugares en los que impactará más este fenómeno – conocer sus efectos en los seres humanos.
La primera mesa de la jornada tuvo como tema central el cambio climático como problema global. En la misma, Elizabeth Salmón se refirió a la evolución que ha tenido el tratamiento de este problema en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La directora del IDEHPUCP resaltó que la vinculación entre cambio climático y derechos humanos sirve para que cualquier política climática sea compatible con los derechos de las personas y señaló cuáles son los derechos y grupos humanos más afectados por este fenómeno. Manifestó que los estados están obligados a tomar medidas contra el cambio climático que respeten los derechos humanos, así como informar a la ciudadanía sobre los efectos adversos que puede tener y la necesidad de contar con mecanismos de cooperación internacional para poder cumplir los dos deberes antes descritos.
Por su parte, Sumudu Atapattu, directora asociada del Centro Global de Estudios Legales de la Universidad de Wisconsin, mostró cuáles han sido los principales hitos en la regulación que ha brindado el Derecho Internacional para enfrentar el cambio climático. Resaltó que la evidencia científica dice que debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero aún el derecho está pasos atrás en lo que se refiere a la regulación sobre esta materia. Asimismo, detalló las dificultades que se han tenido para poder aplicar las medidas contempladas por el Protocolo de Kioto y cómo algunos países que son potencias emergentes han logrado eludir la aplicación de los límites para la generación de gases que afectan la temperatura del planeta.
Mientras que Juan Francisco Acevedo, investigador social de Demus – Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, se concentró en la evolución que han tenido las organizaciones de derechos humanos respecto del tratamiento de temas ambientales y cambio climático. En particular, se refirió a la manera cómo Amnistía Internacional y Human Rights Watch han definido sus posiciones en torno a esta materia y su vinculación con la lucha primigenia que ambas han librado a favor de los derechos civiles y políticos.
El segundo panel de la jornada se centró en cambio climático y su impacto en el ser humano. Renata Bregaglio, coordinadora académica y de investigaciones del IDEHPUCP, señaló que las personas con discapacidad atravesaban por situaciones de vulnerabilidad frente al cambio climático, en particular, pobreza y exclusión social. Este grupo sería impactado por las dificultades que tendrían para obtener empleo, las migraciones forzadas que desarraigarían a la persona con discapacidad del entorno que le permite desarrollarse y la carencia de políticas públicas integradas frente a desastres naturales.
Gustavo Zambrano, investigador del IDEHPUCP, manifestó que el cambio climático afecta directamente a los pueblos indigenas en la medida de que éstos habitan en ecosistemas más sensibles y que la falta de agua genera cambios culturales y conflictos en este grupo de personas. Precisó que, a pesar de su vulnerabilidad, los pueblos indígenas vienen adquiriendo habilidades de adaptación frente a este fenómeno, siendo indispensable acoger su conocimiento ancestral en las negociaciones sobre esta materia.
Finalmente, Teófilo Altamirano, profesor visitante de la Universidad de Texas, indicó que existen 50 millones de desplazados y refugiados ambientales en el mundo. Sin embargo, hasta el momento, la Organización de las Naciones Unidas no había logrado la aprobación de un instrumento internacional donde se reconozca la existencia de refugiados ambientales. También refirió que, en el caso peruano, no existen estadísticas sobre la cantidad de migrantes ambientales, por lo que se requiere incorporar preguntas sobre esta materia en el próximo censo nacional de población.
En la segunda jornada del evento, la primera mesa tocó la vinculación entre empresas y cambio climático. En primer lugar, Magdalena Correa, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, indicó que, cuando se habla de responsabilidad en torno al cambio climático, el sujeto al que se dirigen las miradas es al Estado, no al consumidor o productor, por lo que el compromiso de los entes estatales resulta fundamental. También resaltó que las medidas que estados adoptan en su interior están dirigidas a crear obligaciones publicas y no a responsables de afectaciones y que se requiere evitar la captura de los reguladores para que pueda imponerse obligaciones a los poderes económicos.
Sonia González Molina, directora de Investigación e Información Ambiental del Ministerio del Ambiente, mencionó que el deterioro ambiental va en contraposición con un desarrollo económico importante en América Latina. Manifestó que el Estado peruano tomó la decisión de trabajar en economía de carbono neutral y que, luego de la COP 20, existe una agenda interna que deberá asumirse, como la actualización de nuestros inventarios de gases de efecto invernadero.
Sumudu Atapattu, directora asociada del Centro Global de Estudios Legales de la Universidad de Wisconsin, intervino sobre cambio climático y pueblos indígenas en perspectiva comparada. Precisó que los pueblos indígenas tienen una relación especial con el medio ambiente. Si hay cambios, ellos serán los primeros en ser afectados. Resaltó que la huella de carbono de pueblos indígenas es bastante pequeña, pero el impacto que tiene el cambio climático en ellos es fuerte. También mencionó los compromisos asumidos por nuestro país en forma voluntaria, como llegar a un nivel de deforestación cero en 2021 y tener 33% de energía proveniente de fuentes renovables.
La última mesa de la Conferencia se concentró en seguridad alimentaria e hídrica y su relación con el cambio climático. Aitor Las, asesor de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),explicó los principales componentes del derecho a la alimentación. Indicó que el cambio climático puede disminuir la producción agrícola, así como obligar traslado a otras zonas. También puede afectar precios de los alimentos, generar nuevas enfermedades que afecten a la salud y la capacidad de absorber nutrientes y afectar el rendimiento de las cosechas. Los pequeños productores son los más vulnerables frente a este fenómeno.
María José Veramendi, abogada senior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, concentró su ponencia en explicar la relación entre derechos humanos, cambio climático y seguridad alimentaria. Señaló que el cambio climático puede genera incremento de plagas y enfermedades, así como en la erosión del suelo. También mencionó que hay impactos en la pesca para consumo humano, pues hay especies que disminuyen y otras que aumentan, así como en la actividad pesquera exportadora. Precisó que la COP16 fue la primera donde se incorporaron acuerdos vinculados con cambio climático y derechos humanos y que existe una estrategia de la sociedad civil para llegar a los negociadores de la COP con un lenguaje atractivo, con miras a incorporar este enfoque en en los acuerdos de la COP en 2015.
Por su parte, Armando Guevara Gil, profesor del Departamento de Derecho de la PUCP y vocal del Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas de la Autoridad Nacional del Agua, se concentró en los conflictos sobre el agua. Este recurso tiene cualidades que lo diferencian de otros. Indicó que, en 14 años, tendremos un problema de disponibilidad de agua, debido a deficiencias en la gestión de nuestras cuencas. También resaltó la debilidad institucional para procesar los conflictos sociales. En ese contexto, el cambio climático va a producir el crecimiento de los conflictos por el agua y que el derecho de aguas debe ser iluminado por el régimen de los derechos humanos.
Finalmente, Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP, resaltó que quienes menos influyen en los gases emisores que generan el cambio climático son los más afectados por este fenómeno y que las empresas no están siendo comprendidas en las obligaciones sobre esta materia. Concluyó el evento señalando que «debemos ser conscientes que los retos que este problema supone para el futuro».
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