El pasado 11 de noviembre se realizó la segunda sesión ampliada virtual del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos – Principios Voluntarios y Principios Rectores (GT), en la que participaron 43 representantes de 20 instituciones, incluyendo miembros del grupo e invitados, organizaciones de la sociedad civil, empresas y observadores.
Esta reunión tuvo como objetivo conversar sobre los retos y oportunidades en el sector de la seguridad privada en el Perú, y sus posibles impactos sobre los derechos humanos. Para ello, se organizó la mesa de discusión Empresas de seguridad privada y Derechos Humanos, que estuvo integrado por Carlos Flores, gerente de Servicios de Seguridad Privada de SUCAMEC; Pedro Bellatín, country president de Securitas; Fátima Horna, abogada de GRUFIDES, y, Jean-Michel Rousseau, deputy head de la Business and Security Division – DCAF.
En la primera ronda se conversó sobre los principales retos y desafíos para mejorar la relación entre empresas de seguridad privada y los derechos humanos. Se indicó, por ejemplo, que si bien es importante complementar el marco normativo actual, ello no es suficiente, sino que se precisa también otras medidas como una adecuada fiscalización de los actores estatales y no estatales.
Se remarcó, además, la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para determinar las responsabilidades en el caso de violaciones a derechos humanos. Asimismo, señalaron la importancia de las capacitaciones para el personal en el uso de la fuerza pública y el rol clave de los clientes para asegurar el cumplimiento de los estándares básicos en derechos humanos.
En la segunda ronda, se subrayó la importancia de erradicar la impunidad a través de una legislación que tipifique y sancione delitos y faltas cometidas por agentes y empresas de seguridad privada. Además, se indicó que las empresas y clientes debían generar su propia cultura de respeto por los derechos humanos y aceptar la fiscalización. Asimismo, se resaltó la necesidad de abordar el alto nivel de informalidad que existe en el sector, y la precarización de los puestos de muchas de las personas que trabajan en él.
La ronda finalizó con recomendaciones de buenas prácticas como el ejercicio de una buena fiscalización, la profesionalización de los servicios y la mejora en la selección y capacitación de los agentes. De igual forma, se consideró relevante escuchar las voces de quienes resultan usualmente afectados por estas actividades, como las comunidades indígenas, para la creación de consensos y mecanismos de actuación y reparación diferenciados.
El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos – Principios Voluntarios y Principios Rectores (GT) es un espacio de discusión y reflexión sobre los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos (PV) y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos (PR). Está compuesto por actores de tres pilares (Estado, empresas y sociedad civil), y cuenta con el acompañamiento de observadores, entre los cuales se encuentran instituciones de la cooperación internacional.
