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4 de mayo de 2021

En lo que va de la segunda vuelta, hemos visto que las personas candidatas vienen presentando, concretando o reformulando sus propuestas en diversos temas. Sin embargo, entre estos no se advierten cuestiones relevantes para la agenda indígena hasta el momento. Por ello, me parece importante destacar algunos temas que podrían ser abordados en los próximos días:

  • Atención en salud a los pueblos indígenas impactados por la COVID-19: En este aspecto, resulta fundamental conocer qué se plantea en torno a las medidas para reforzar o lograr la atención médica oportuna de los pueblos indígenas en el actual contexto. En particular, las medidas por ser adoptadas a favor de los grupos de especial riesgo al interior de los pueblos indígenas, así como su impacto en la cultura, lo que se ve reflejado de mayor manera con la pérdida de un anciano o líder de la comunidad.
  • Implementación adecuada de la consulta y consentimiento previo, libre e informado: Diversas organizaciones indígenas han realizado cuestionamientos a la actual regulación del derecho a la consulta y a la forma en la que se han realizado los procesos conforme a la ley y reglamento actualmente vigente. En esa línea, incluso se ha presentado diversos procesos constitucionales alegándose violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, los cuales se encuentran en diversas etapas procesales.
  • Sistemas Jurídicos Indígenas y formas de coordinación con el Sistema Jurídico Ordinario: Existen diversas iniciativas para lograr el pleno reconocimiento de las normas propias de los pueblos indígenas y en particular la implementación del artículo 149 de nuestra Constitución Política del Perú. Del mismo modo, existen diversas decisiones judiciales que abordan el tema, las cuales – entre avances y retrocesos – reflejan la necesidad de impulsar la coordinación entre los sistemas jurídicos que coexisten en nuestro país.
  • Protección de los territorios indígenas y garantías para su seguridad jurídica mediante su delimitación, demarcación, titulación, saneamiento y registro: Esta es una demanda que se repite a lo largo del tiempo ante la falta de impulso de los procesos de titulación de los territorios indígenas. En la medida que no existan garantías de seguridad jurídica para sus territorios, existe un riesgo frente a terceras personas que buscan hacerse de sus tierras.   
  • Protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y/o contacto inicial: La normativa interna actualmente regula un proceso de regularización de las actuales Reservas Territoriales a Reservas Indígenas con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y/o contacto inicial. Dicho proceso aún no sido finalizado. A la par, existen diversas solicitudes para la creación de nuevas Reservas Indígenas, las cuales se encuentran en diversas etapas del procedimiento de creación.
  • Medidas de protección a favor de líderes o dirigentes indígenas: Recientemente, el Poder Ejecutivo aprobó un mecanismo de protección intersectorial de defensores de derechos humanos. Como parte de esa iniciativa, quedaría pendiente conocer las acciones para darle sostenibilidad en el tiempo y reforzar las garantías de seguridad a favor de los líderes y dirigentes indígenas para que puedan continuar con sus actividades de defensa de sus derechos.
  • Ratificación de instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú: Este Acuerdo de carácter regional, en vigor, trata sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Es el primer tratado ambiental que contiene disposiciones específicas para la promoción y protección de las personas defensoras del medio ambiente, sin embargo, no ha sido ratificado por el Perú. 
  • Institucionalidad indígena: En este punto, resulta importante conocer las iniciativas para garantizar espacios de participación de los pueblos indígenas en el Estado. De este modo, impulsar el establecimiento de los medios a través de los cuales los pueblos indígenas puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan (Convenio 169 de la OIT. Artículo 6.1.b.). Entre las diversas opciones y modelos comparados, resultaría relevante conocer, por ejemplo, el parecer de los candidatos sobre el sistema de cuotas de representación en el Poder Legislativo, como ocurre en Colombia.

Los temas presentados no son taxativos sino únicamente referenciales. En esta segunda vuelta, resulta necesario conocer aún más qué plantean las candidaturas en el marco de la agenda indígena del país. Resulta muy relevante que los temas más importantes sean abordados y, finalmente, que en la medida de lo posible se brinde un espacio de presentación y debate al respecto.


(*) Abogado especialista en Derechos Humanos, consultor para IDEHPUCP en Pueblos Indígenas.