Escribe: Pablo Rosales Zamora[1]
Han transcurrido dieciséis años desde que se plasmó el concepto de “responsibility to protect” (R2P) en los párrafos 138 y 139 del Documento Final de la Cumbre Mundial, del 24 de octubre del 2005, y veinte años desde su formulación inicial en el informe de la “Comisión Internacional sobre Intervención y Soberanía de los Estados”. En ese sentido, nos encontramos en una ocasión propicia para reflexionar sobre la vigencia de esta doctrina.
En lo que concierne a la actualidad de la R2P, al modo que Nietzsche había proclamado que “Gott ist tot”, muchos autores inclinan la balanza diagnosticando que el concepto ha dejado de tener valía (por ejemplo, Powers 2015). La causa de su supuesto deceso radicaría en el modo como se invocó en Libia y Siria en 2011: los desastres humanitarios que conllevaron ambos eventos destruyeron, ciertamente, una oportunidad valiosa para su consolidación normativa en derecho internacional.
Si bien tales situaciones fueron lamentables desde un punto de vista humanitario (Rosales Zamora 2016a), algunas razones conducirían a negar que la doctrina de la R2P haya dejado de tener importancia.
En primer lugar, la R2P se compone de tres pilares, que son la soberanía responsable (primer pilar), la ayuda de la comunidad internacional para la consolidación de tal soberanía (segundo pilar) y la actuación del Consejo de Seguridad (CSONU) conforme al Capítulo VII de la Carta (tercer pilar). El cuestionamiento sobre la R2P se ha planteado, fundamentalmente, sobre estos dos últimos aspectos. Respecto al segundo pilar, los sujetos y actores internacionales no necesariamente actúan invocando esta doctrina (por ejemplo, cada organización internacional debe operar sobre la base de los fines consagrados en su tratado o instrumento constitutivo); y, sobre el tercer pilar, el CSONU ha recibido críticas profundas con relación a su conformación, y, concretamente, sobre su proceso de decisión y actuación para lidiar contra los crímenes atroces.
A dieciséis años de su consagración por las Naciones Unidas, la R2P no ha muerto. Por el contrario, su vitalidad se mantiene porque, en el fondo, encarna una preocupación fundamental en la comunidad internacional, que es la prevención de la comisión de los llamados “crímenes atroces”.
Pese a estas detracciones, el primer pilar de la R2P sigue en pie y lo confirma el derecho internacional: los Estados tienen la responsabilidad de proteger a sus poblaciones de los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, depuración étnica y el crimen de genocidio. En ese sentido, el gran aporte de la R2P es constituir uno de los más importantes intentos conceptuales recientes para superar la impronta westfaliana sobre la soberanía, concibiendo al Estado como protector de su población en términos del derecho penal internacional (Rosales Zamora 2016b).
En segundo lugar, en el plano institucional, la Secretaría de las Naciones Unidas ha producido informes constantes desde el año 2009 sobre el concepto y sus principales aspectos. Esta tarea no solo ha quedado en manos del ex Secretario General Ban Ki Moon, sino que António Guterres, actualmente en el cargo, ha continuado con el proceso reflexivo sobre la R2P. Además este órgano principal ha contado, desde el 2008, con el respaldo del Special Adviser on the Responsibility to Protect, actualmente ocupado por Karen Smith (2019 – a la fecha), profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Leiden. Asimismo, como he demostrado en otra ocasión (Rosales Zamora 2014), la R2P es un concepto que no deja de estar presente en el discurso de las Naciones Unidas, a través de sus otros órganos.
En tercer lugar, la puesta de atención sobre el tema de la R2P por la sociedad civil internacional continúa hasta el día de hoy. Uno de los think tanks más importantes en la materia es el Global Centre for the Responsibility to Protect, debiendo destacarse, asimismo, la labor de la International Coalition for the Responsibility to Protect (ICRtoP). Adicionalmente, se cuenta con los aportes académicos de la revista Global Responsibility to Protect, de la editorial Brill/Nijhoff, desde el 2009. Todas estas iniciativas son valiosas a la luz del proceso de humanización del derecho internacional, puesto que el concepto recoge el mensaje del necesario fortalecimiento de las capacidades del Estado para garantizar la protección del ser humano ante los crímenes internacionales.
Como he intentado demostrar muy puntualmente en la presente nota, a dieciséis años de su consagración por las Naciones Unidas, la R2P no ha muerto. Por el contrario, su vitalidad se mantiene porque, en el fondo, encarna una preocupación fundamental en la comunidad internacional, que es la prevención de la comisión de los llamados “crímenes atroces”. Debemos ser conscientes que, aunque la R2P no ofrezca soluciones mágicas a estas grandes tragedias de la humanidad, constituye una herramienta conceptual que, sin duda, continuará aportando a la construcción de la paz positiva que pretende encarnar las Naciones Unidas.
[1] Profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Referencias bibliográficas:
Power, M. (2015). Responsibility to protect: dead, dying, or thriving?, The International Journal of Human Rights, vol. 19, n.° 8, pp. 1257-1278.
Rosales Zamora, P (2014). La responsabilidad de proteger en el marco del jus contra bellum: La respuesta de Naciones Unidas a los crímenes atroces (tesis de licenciatura en Derecho), Lima: PUCP.
Rosales Zamora, P. (2016a). La responsabilidad de proteger en el derecho internacional: el caso de Libia en el contexto de la Primavera Árabe, Anuario de investigación del CICAJ, Lima: CICAJ – DAD.
Rosales Zamora, P. (2016b). Reflexiones en torno a la comprensión del orden internacional contemporáneo desde el concepto de “responsabilidad de proteger”, Revista Diplomatize (Academia Nacional de Estudos Transnacionais), n.° 3, vol. 2, año 2, pp. 111 – 127.
