Escribe: Sandra Quiliche (*)
El pasado 10 de agosto de 2021, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (IDEHPUCP), junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) llevaron a cabo el Conversatorio “Trata de personas y migración en tiempos de pandemia por COVID-19”, el cual se realizó en conmemoración por el día de la lucha contra la trata de personas celebrado todos los 30 de julio.
El evento fue dividido en tres bloques. En el primero , Gilberto Zuleta[1] presentó al público general el “Informe Situacional del Delito de la trata de personas en contexto de flujos mixtos Perú” elaborado por UNODC como parte de la Iniciativa Regional TRACK4TIP. En el siguiente bloque se realizaron tres paneles técnicos especializados, en los cuales participaron invitados/as con experiencia en la lucha contra la trata de personas. Este espacio tuvo la finalidad de incentivar el diálogo, así como recoger desafíos, barreras y nudos críticos, además de buenas prácticas entre funcionarios/as estatales, sociedad civil y academia. Finalmente, se realizó una plenaria de devolución de la labor y sus retos dirigida al público en general, en donde cada facilitador/a compartió los puntos discutidos en los paneles y las reflexiones finales de los hallazgos. Como producto final del Conversatorio, el IDEHPUCP y UNODC publicarán una relatoría y una serie de videos que reflejen los principales hallazgos dialogados.
Algunas de las primeras conclusiones que surgen a partir de lo expuesto en el Conversatorio confirman que la pandemia producida por el COVID – 19 ha tenido una afectación directa en la lucha contra la trata de personas. Esta complejiza la intervención en todas sus fases (captación, traslado y explotación) e incluso agudiza las falencias en el abordaje de casos de trata de personas, aún más cuando se trata de migrantes y posibles solicitantes de asilo.
Esto se debe a que la trata de personas conlleva riesgos particulares para quienes que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, como lo son las personas en situación de pobreza, la población desempleada o con un empleo precario, minorías étnicas, migrantes en situación irregular, las mujeres en contexto de violencia de género, la y los infantes y adolescentes, entre otros[1].
Armando Sánchez Málaga Carrillo[2] señaló que la pandemia ha producido una grave crisis sanitaria y económica que ha conllevado el establecimiento de medidas estrictas para reducir los casos de contagio como las cuarentenas, toque de quedas y la limitación a actividades sociales y económicas. A causa de ello, se ha evidenciado que la existencia de mayores carencias económicas ha permitido el surgimiento de prestamistas informales que representan un riesgo en el incremento de casos de servidumbre a causa de deudas. Así mismo, ante el cierre de fronteras y su posterior militarización, se ha generado mayor riesgo durante el traslado y viaje de las y los desplazados, ya que estos recurren a rutas informales que buscan evadir los puntos de control oficial. (energycouncil.com) Por otro lado, el cierre de escuelas resta a los niños y niñas un lugar de refugio y alimentación, lo cual en algunas situaciones puede aumentar el riesgo de mendicidad infantil y explotación.
Otro cambio que ha generado la nueva normalidad es la virtualización de diversos espacios, que abarcan desde la recreación mediante juegos virtuales, hasta los trabajos realizados de manera remota. En la lucha contra la trata de personas el uso indebido de estas nuevas tecnologías representa una configuración más sutil y perfeccionada de los mecanismos de engaño que se utilizan en la captación de víctimas de trata de personas.
Al respecto, la Doctora Andrónika Zans[3] indicó que la manifestación online de la trata de personas se da fundamentalmente a través de redes sociales, ofertas de trabajo o estudios, juegos en línea, páginas web, grupos sociales, entre otros. En estos espacios los tratantes crean perfiles falsos y suplantan la identidad de otras personas, generalmente de adolescentes y mujeres, con la finalidad de contactar a potenciales víctimas mediante redes sociales. En esta fase de captación se manipula y engaña a la víctima hasta que sea parte de su “esfera de dominio”. En algunos casos se utilizan imágenes o vídeos de índole sexual de la víctima con la finalidad de mantenerlas en una situación de sometimiento. Esto conlleva a la desaparición de personas con fines de esclavitud o explotación sexual y/o laboral.
«Se ha detectado que el Estado peruano utiliza los servicios que se brindan a las personas sobrevivientes de violencia de género para abordar los casos de trata de personas, los cuales no cumplen con los criterios adecuados para satisfacer las necesidades de las personas sobrevivientes de trata.»
Esta situación se complejiza aún más en el contexto de pandemia, Andrea Enrico y Melissa Gamarra, señalan que, ante la declaración de Estado de Emergencia sanitaria, se contó con dos momentos en la asistencia y protección de personas sobrevivientes de trata: el primero es la ausencia de servicios durante el periodo de cuarentena y el segundo es la apertura gradual de servicios que evidenciaron los nudos y dificultades de la asistencia y protección existente ante la trata de personas.
Sobre este último punto, se ha detectado que el Estado peruano utiliza los servicios que se brindan a las personas sobrevivientes de violencia de género para abordar los casos de trata de personas, los cuales no cumplen con los criterios adecuados para satisfacer las necesidades de las personas sobrevivientes de trata. Así mismo, indican que la relación entre una víctima de trata de persona y una persona que cumple con los criterios para ser reconocida como refugiada es muy alta. Resulta necesario comprender el relato personal de las y los sobrevivientes con la finalidad de comprender si, en un eventual retorno al país de origen, su vida, libertad o seguridad se vean comprometidas.
Ante ello, Alessandra Enrico y Melissa Gamarra[4] recomiendan que el Estado peruano utilice el enfoque centrado en la persona sobreviviente y el enfoque de interseccionalidad con el objetivo de poder identificar las necesidades específicas de la persona, para desarrollar un plan de acción a largo plazo.
El debate alimentado en los paneles técnicos por las expertas mencionadas estuvo centrado en los nuevos retos que han surgido frente a la lucha contra la trata de personas y la migración en el contexto de pandemia producida por COVID – 19. Es necesario que el Estado peruano no solo se adecue a la nueva normalidad, sino que también identifique y fortalezca los nuevos retos que ha generado la pandemia frente a la lucha contra la trata de personas.
Finalmente, en el Conversatorio se contó con la partición de Irene Palla[5] y Oscar Alva[6] , quienes dieron inicio al Conversatorio esbozando los lienamientos generales del contexto actual y la situación de trata de personas. Así como también a Marcela Huaita[7], Bruce Barnaby[8] y Valeria Reyes[9] quienes participaron en el rol de facilitadores en cada mesa de trabajo asignada.
Pueden ver el evento aquí:
(*) Integrante del Área de Relaciones Institucionales y Proyectos y de la línea de investigación de Movilidad Humana.
