Fuente: Gobierno del Perú.
Por Jackeline Velarde (*).
“Tenemos todo bajo control” señalaba la presidenta de la República, Dina Boluarte, en su mensaje a la nación del jueves 19 de enero del 2023. Además, agradecía a la Policía Nacional del Perú por su trabajo en la represión de las protestas y a los medios de comunicación por la cobertura. Mientras decía esto a través de las pantallas, en las calles decenas de personas eran agredidas y, en muchos casos, detenidas arbitrariamente.
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo 1, hay registradas hasta el momento 59 personas fallecidas en el marco de las manifestaciones de protesta ciudadana que iniciaron el 7 de diciembre, luego de que el Congreso de la República vacara al expresidente Pedro Castillo y lo sucediera en el cargo Boluarte. De este total, 47 son personas civiles fallecidas en los enfrentamientos con la policía y los militares. Los números más altos de muertes se distribuyen en las regiones del sur del Perú: 21 en Puno, 10 en Ayacucho, 6 en Arequipa y 6 en Apurímac.
El racismo es un gran sistema que opera jerarquizando a las personas según su “raza”; ésta es un constructo social compuesto por características como el color de la piel y los rasgos físicos, el origen, la lengua, la condición socioeconómica, entre otras. En base a ello, se define socialmente quiénes valen más y quiénes menos, se dota de humanidad a las personas según su raza. En medio de esta crisis y tras dos meses de un levantamiento popular que ha incluido bloqueos de carreteras, tomas de aeropuertos y violencia en todas sus expresiones, es innegable la operación del racismo en sus diversas manifestaciones.
Por un lado, está el racismo estructural perpetuado por las instituciones del Estado y actores con poder económico y político. Las protestas iniciaron en las regiones del sur del país, sin embargo, desde el gobierno no se desplegaron esfuerzos para acercarse a los territorios a establecer canales de diálogo y posibilidades de negociación, sino que se respondió con desdén, represión y subvaloración de las demandas populares. Las masacres de Juliaca y Ayacucho, según las últimas investigaciones 2, reflejan cómo, de manera aún impune, se les disparó a las personas directamente al cuerpo. Esta respuesta violenta y el uso desproporcional de la fuerza ha caracterizado históricamente la forma en la que se trata en los conflictos sociales a las poblaciones racializadas en nuestro país, especialmente a la ciudadanía andina e indígena.
Por otro lado, el racismo se evidencia en los discursos con los que se construye el imaginario respecto a quienes se enfrentan a las fuerzas policiales y militares ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. En muchos casos, ya que las movilizaciones desde las regiones no han hecho eco en las decisiones del gobierno, la ciudadanía se organizó para llegar a Lima. A partir de esto, insultos y agresiones verbales inundaron los medios, las redes y plataformas digitales pidiéndole a la gente que se vaya de Lima, que no se “apropie” del centro y que se queden en sus regiones “para que no los maten”.
Finalmente, la narrativa construida por el abordaje de los medios respecto a la crisis es un tema no menor. Portadas, reportajes y notas periodísticas en los que abundan adjetivos como “vándalos” y “desadaptados”, en los que, además, preocupa más la obstrucción de un aeropuerto, el incendio de una casa o la ruptura de una vereda que las muertes de peruanos y peruanas. Una de las armas más peligrosas de esta narrativa construida es el terruqueo, término utilizado para desacreditar a las personas que protestan o se manifiestan en contra del régimen, calificándolos a todos/as como terroristas sin sustento o evidencia que lo demuestre. Usar esto como argumento es racista, ya que el término usualmente es utilizado sobre personas con determinadas características raciales y, en determinados procesos policiales y judiciales sirve para justificar agresiones, detenciones y hasta asesinatos. Usarlo también implica invisibilizar la trascendencia histórica del conflicto armado interno y las grandes heridas que dejó ese periodo en nuestro país.
Tras dos meses de intenso conflicto entre la ciudadanía y los poderes del Estado, la situación está empeorando. Más allá de las demandas populares específicas y de los intereses políticos de cada actor en juego en esta crisis, no se puede voltear la cara ante la discriminación y el racismo, ante el silencio cómplice y las injustas muertes. Así no se puede tener las cosas bajo control.
(*) Comunicadora especialista en diversidad e interseccionalidad y c
[1] Reporte Crisis política y protesta social 9/2/2023 17:00 horas https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/02/ReporteDiario1222023_17horas.pdf
[2] Radiografía de homicidios por IDEL Reporteros: https://www.idl-reporteros.pe/radiografia-de-homicidios/?fbclid=IwAR2zGgTiw5EgfxvVSiuEm2SY67DfYaEzWClWtZh3AUPprTtk7Jhb-px1SSc
