Tres casos que resolverá la Corte IDH

Por Claudia Lovón, miembro del área Académica

Del 27 de enero al 7 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró su 133° Período Ordinario de Sesiones. Durante este, se llevaron a cabo las audiencias públicas de seis casos sobre los cuales la Corte IDH se pronunciará en los próximos meses. Estos se sumarán a los 271 casos que ha resuelto a la fecha, y establecerán estándares de derechos humanos que serán relevantes para los Estados de la región, incluyendo Perú[1]. Precisamente a raíz de esto último, resaltan los tres casos que se describen a continuación:

Este caso trata sobre Paola Guzmán, una adolescente de 16 años, que habría sido víctima de acoso y abuso sexual por parte del vicerrector y del médico de su colegio. Según se alegó en la audiencia, el vicerrector inició una relación de naturaleza sexual con Paola, aprovechándose de su vulnerabilidad por los problemas de rendimiento académico que tenía. Producto de esta relación, Paola quedó embarazada y el médico del colegio condicionó practicarle un aborto a cambio de que tenga relaciones sexuales con él. Tras estos hechos Paola intentó suicidarse y después de no recibir la asistencia adecuada por parte de los funcionarios del colegio, perdió la vida.

Se trata de un caso de importancia para el sistema interamericano de derechos humanos pues – como subrayaron los representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) – es la primera oportunidad que tiene la Corte IDH de pronunciarse sobre hechos de violencia sexual en el ámbito educativo. Además, será ocasión para que establezca estándares sobre otros temas novedosos en su jurisprudencia, como aquellos planteados por las presuntas víctimas. En efecto, estas le solicitaron pronunciarse, entre otras cuestiones, sobre la obligación que tienen los Estados de brindar educación sexual e información sobre salud sexual que permita a los adolescentes tomar decisiones informadas e identificar situaciones de abuso, como la que vivió Paola.

Este caso versa sobre la explosión de una fábrica de fuegos artificiales en el estado de Santo Antõnio de Jesus en Brasil. Esta provocó la muerte de 64 mujeres, incluyendo 20 niñas, y dejó heridas a otras seis personas, entre las cuales estaban dos niños. La fábrica en cuestión contaba con una autorización de las autoridades competentes brasileñas; no obstante, operaba con una serie de irregularidades como la ausencia de extintores y un inadecuado almacenamiento de productos riesgosos.

Durante la audiencia, los representantes de la CIDH explicaron que el caso servirá para que la Corte IDH desarrolle las obligaciones que tienen los Estados respecto de actividades laborales riesgosas, y se pronuncie sobre sus deberes de fiscalización y supervisión a las empresas privadas. De esta manera, el caso constituirá un aporte en el desarrollo de estándares sobre empresas y derechos humanos. Si bien recientemente la CIDH ha publicado un informe temático en la materia, los pronunciamientos a nivel de la Corte IDH son pocos y aún requieren de mayor desarrollo. Además, como también apuntaron los representantes de la Comisión, el caso permitirá a la Corte pronunciarse sobre el trabajo infantil, y la relación entre el derecho al trabajo y el principio de no igualdad y no discriminación, particularmente referido a personas en situación de pobreza, como era el caso de las víctimas de la explosión.

Este caso trata sobre las sanciones de destitución e inhabilitación que fueron impuestas por la Procuraduría General de la República contra Gustavo Petro, mientras ejercía el cargo de Alcalde de Bogotá. Además de argumentar la vulneración a sus derechos políticos, también se alegó la violación al debido proceso, y al principio de igualdad y no discriminación por motivos políticos.

Según explicó la CIDH, el caso permitirá a la Corte IDH consolidar la jurisprudencia establecida en el caso López Mendoza vs. Venezuela, en el que determinó la incompatibilidad entre la sanción de inhabilitación impuesta por una autoridad administrativa y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) que establece que las restricciones a derechos políticos deben darse por “condena, por juez competente, en proceso penal” (párr. 107). Además, le permitirá pronunciarse por primera vez sobre la compatibilidad de este tratado con la sanción de destitución establecida también por una autoridad administrativa.

[1] De acuerdo al artículo V del Código Procesal Constitucional peruano, las decisiones de tribunales de derechos humanos como la Corte IDH son parámetro de interpretación de los derechos reconocidos en la Constitución.