Foto: Andina
Escribe: Paul Barr (*)
El 4 de mayo el Congreso aprobó una ley que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria, para cambiar la composición del consejo directivo de la Sunedu, suprimir el rol rector del Ministerio de Educación y reactivar el Sineace como organismo encargado de la acreditación. Para comprender qué implican estos cambios es importante conocer cómo funciona el sistema universitario.
La idea de la Sunedu surgió a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010 que dispuso “la creación de una Superintendencia altamente especializada, objetivamente imparcial y supervisada eficientemente por el Estado, que evalúe a todas las universidades del país” (Fundamento 219, STC Exp. N°. 0017-2008-PI/TC). Esta recomendación provino de la constatación de que “la manera cómo se encontraba estructurado el Sistema (en alusión a la ANR y al Conafu) y el hecho de que las decisiones relacionadas con el futuro de las universidades deriven de lo que podría denominarse el propio círculo universitario, determinaba la probable verificación de una tendencia a la falta de objetividad y rigurosidad” (Fundamento 105, STC Exp. N°. 0017-2008-PI/TC).
En el año 2014, con la promulgación de la Ley Universitaria, se creó a la Sunedu, como entidad encargada del establecimiento de las condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio y de la consiguiente verificación de las mismas, a través del procedimiento del licenciamiento. También se recuperó la rectoría del Ministerio de Educación. A través de este rol, el Minedu emprendió acciones de fomento en beneficio de la universidad peruana, las cuales se han traducido en apoyo para las mejoras en docencia, investigación o gestión, a través de presupuesto público y asistencia técnica.
No son pocos los indicadores que dan cuenta del progreso que ha experimentado la universidad a partir de estas reformas. En primer lugar, el procedimiento de licenciamiento sirvió para limpiar el sistema y los resultados fueron contundentes: un tercio de las universidades peruanas, mayormente privadas, no cumplían los requisitos más elementales para brindar el servicio. Aquí nos referimos a aspectos como infraestructura apta y segura para los y las estudiantes, profesores a tiempo completo, compromiso con líneas de investigación, publicaciones académicas, entre otros. En segundo lugar, el rol de fomento del Minedu ha permitido que las universidades licenciadas mejoren progresivamente. Recordemos que el licenciamiento establece condiciones mínimas que también funcionan como un diagnóstico para saber qué aspectos deben ser reforzados en las universidades. Así, el Ministerio ha funcionado en su rol rector como un apoyo a las universidades. Se puede resaltar, por ejemplo, la sinergia que se constituyó entre el Ministerio y las asociaciones de universidades públicas y privadas para afrontar la pandemia y permitir que la educación siga.
Más allá de las partes que componen el sistema universitario, es importante resaltar que actualmente existen dos documentos que señalan el norte para la educación superior en general y la educación universitaria en particular. Nos referimos al Proyecto Educativo Nacional al 2036: el reto de la ciudadanía plena (el PEN) que apunta una serie de elementos a considerar en el mediano plazo, como son la apuesta por una educación superior que integre a todas sus opciones (universidades, escuelas de educación superior, institutos) y fomente la investigación e innovación como una palanca al desarrollo sostenible, brindando oportunidades a las personas para su desarrollo a lo largo de la vida. Asimismo, el PEN establece entre sus propósitos la construcción de la ciudadanía, la inclusión y la equidad, la promoción de la salud emocional y el desarrollo de labores productivas sostenibles.
El segundo documento es la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva que nació del consenso de los actores del sistema y que plantea una serie de objetivos prioritarios asociados con el incremento del acceso y permanencia, el aseguramiento de la calidad, la pertinencia de la oferta –que responda a contextos sociales, culturales y productivos- o el desarrollo de la investigación e innovación. Todo esto tomando al/a la estudiante como centro y buscando el desarrollo de sus competencias y su propio desarrollo personal.
Ambos documentos marcan la ruta para la educación superior en el país, lo que implica asumir los retos que plantean la sostenibilidad, la incorporación de las tecnologías en la educación y el trabajo, así como las acciones urgentes para lograr el acceso y permanencia con equidad. Asimismo, proponen la valoración de las distintas formas de educación superior como un aporte a la sociedad y al país.
Lo peligroso de la agenda actual del Congreso es que opera de espaldas al proceso de mejora de la educación superior y a la ruta que hemos resumido en este artículo. No solo ha reincorporado a representantes de universidades en el órgano encargado de licenciarlas, afectando su imparcialidad. También ha reactivado al Sineace, sin que este órgano pase por una reingeniería que le permita ser parte del sistema de aseguramiento de la calidad para trabajar de manera coordinada (recordemos, por ejemplo, que el Sineace otorgó acreditaciones a programas de universidades que no pasaron luego la valla del licenciamiento). El proyecto aprobado también ha eliminado el rol rector del Minedu, aspecto que lejos de afectar la autonomía de las instituciones, la hacía viable, a través del presupuesto adicional y asistencia técnica. Es el mismo Congreso que busca incesantemente crear nuevas universidades, cuando toda recomendación técnica apunta a fortalecer las existentes.
Urge, por lo tanto, emprender acciones desde diversos frentes que ayuden a impulsar una agenda que sea acorde con lo que necesitamos como país, haciendo todos los esfuerzos para que las decisiones lamentables de la mayoría congresal no afecten el bienestar del país y su gente.
(*) Coordinador Senior de Educación Superior en el Consejo Nacional de Educación
