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Notas informativas 4 de febrero de 2020

Uno de los casos de corrupción más analizados en medios, a nivel local, ha sido el que vincula a la empresa constructora Grupo OAS, de origen brasileño, con la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio. OAS, al igual que la empresa Odebrecht, viene siendo investigada por entregar, supuestamente, dinero de origen ilícito para el financiamiento de campañas electorales.

El pasado jueves 30 de diciembre, la fiscal del equipo especial Lava Jato, Milagros Salazar, presentó el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el exalcalde de Lima a partir de un informe de la Contraloría[1], donde se indica que durante su segunda gestión (2014-2018), OAS recibió montos por encima de 7,4 millones de soles.

La prisión preventiva, según la fiscal, se sustenta, en que el mencionado no cuenta con arraigo laboral y familiar; asimismo, ha traspasado un 66% de sus acciones a sus hijos y muestra “resistencia para cumplir mandatos de la autoridad”.[2]

OAS y Castañeda
Se conoce que las relaciones entre OAS y el exalcalde Castañeda Lossio se iniciaron desde su primera gestión (2007-2010). La fecha clave es el 12 de noviembre del 2009, cuando se firma el contrato de la concesión de Línea Amarilla (obra que alcanzó los 570 millones de dólares). Las investigaciones, a partir de los testimonios de los implicados, señalaron que OAS fue favorecida durante el proceso a cambio de aportes a la campaña electoral del burgomaestre en el 2014.

Además, en el tercer periodo de gobierno municipal de Castañeda, se firmó la adenda N° 2 al Contrato de Contrato de Concesión, en la que se elimina el proyecto Río Verde (de la gestión previa de Susana Villarán), para que con los fondos de esa obra (unos 74 millones de dólares) la empresa OAS construya un by pass en la avenida 28 de Julio en el Centro de Lima[3].

Asimismo, en este tercer periodo, se suscribió la adenda N° 3, la cual tuvo como fin ordenar la ejecución de lo estipulado en la adenda N° 2, siendo el Puente Bella Unión una de las construcciones establecidas. El mismo que a la fecha de la modificación de la adenda ya contaba con código SNIP.

Para el equipo especial del Ministerio Público los delitos que se observan en este caso serían: colusión, negociación incompatible, tráfico de influencias, lavado de activos y  asociación ilícita para delinquir.[4]

De manera similar a Odebrecht, la empresa OAS utilizaba un sistema paralelo de contabilidad para entregar dinero en distintos tipos y mecanismos de pagos. En el Perú, el encargado de coordinar estos pagos de origen supuestamente ilícito fue Leonardo Fracassi Costa[5], quien era director de obras de OAS en Perú.

Este nuevo pedido, de prisión preventiva, de la fiscalía detalla que OAS logró obtener hasta 16 millones de soles solo en peajes entre 2014 al 2016,

Desde el año pasado, OAS ha venido aceptando– a través de la colaboración eficaz[6] – los pagos y sobornos que sirvieron para la campaña municipal 2014. De esta manera buscan que en el futuro puedan volver a realizar obras con el Estado. En específico, se han reconocido los vínculos con el exalcalde de Lima.

En mayo del 2019, Léo Pinheiro confirmó el aporte de 100 mil dólares para la campaña de Castañeda en el 2014. Un colaborador eficaz indicó que el monto total de la campaña ascendió a 220 mil dólares.

Como primera medida cautelar, en junio del 2019, el fiscal Carlos Puma solicitó el impedimento de salida contra Luis Castañeda por ocho meses a partir de las investigaciones del proyecto Línea Amarilla y el by-pass de 28 de junio[7]. Al mes siguiente, el mismo fiscal amplió el pedido por 36 meses[8], pues consideró que todo el caso debía trabajarse bajo la Ley de Crimen organizado.

Tras el pedido, el Poder Judicial aceptó la solicitud, pero solo otorgó 18 meses.[9]

Este nuevo pedido, de prisión preventiva, de la fiscalía detalla que OAS logró obtener hasta 16 millones de soles solo en peajes entre 2014 al 2016, durante la gestión de Castañeda. Lo cual permitió que Lamsac modificase las tarifas de manera constante. Según la fiscalía, la razón de ser tan permisivos fue que en la práctica el exalcalde le había cedido todo control a la constructora OAS en razón del aporte a su campaña. En detalle, Salazar indicó que se pagó un exceso de US$7’451,291.41 a la constructora OAS.

En conclusión, la tesis de la fiscalía indica que desde el 2011 al 2018 Castañeda lideró una red criminal que utilizaba la Municipalidad de Lima como espacio de coimas y pagos indebidos para aumentar el patrimonio personal de los involucrados.