El primer día de octubre, por primera vez -y luego de haberlo solicitado en varias oportunidades- un grupo de víctimas del caso peruano de esterilizaciones forzadas participaron en la Audiencia Temática “Igualdad de género, derechos sexuales y reproductivos y denuncias de esterilización forzada de mujeres en Perú” que celebró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el marco de su 169 período de sesiones. Apenas unos días antes, el 28 de setiembre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos inauguró una mesa de trabajo con representantes del Estado y la sociedad civil para analizar y resolver la problemática de las personas víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 al 2001, en cumplimiento del Plan Nacional de Derechos Humanos 2017-2021(PNDH)[1]. Al día siguiente, se reportaba la muerte de una víctima de esterilizaciones forzadas en Cusco, una mujer que nunca recibió ningún tipo de reparación y a la que los avances aletargados en materia de búsqueda de justicia y verdad no le alcanzaron. Precisamente este fue uno de los puntos resaltados por las víctimas en la audiencia temática: muchas de ellas están muriendo sin alcanzar justicia, y muchos de los acusados están muriendo sin recibir la sanción que les corresponde, a pesar de que han pasado más de 20 años desde que salieron a la luz las primeras denuncias. En este contexto, ¿cuáles fueron las principales demandas de este grupo de víctimas ante la CIDH y qué fue lo que se recomendó en la audiencia celebrada?
Antes de dar respuesta a esta pregunta, recordemos algunos hechos importantes. Luego de varios años de idas y venidas en materia de investigación penal, en abril de este año, el fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, dispuso denunciar penalmente a Alberto Fujimori y los ex ministros de salud responsables de la política de esterilizaciones forzadas por el delito contra la salud, la vida y el cuerpo en la modalidad de lesiones seguidas de muerte en un contexto de violaciones a los derechos humanos. A pesar de ello, a más de 150 días de emitida dicha disposición fiscal, aún no existe una denuncia formal. Luego, el 24 de setiembre, las víctimas y las organizaciones que las representan ingresaron una queja contra la fiscal Marcelita Gutiérrez, titular de la Segunda Fiscalía Penal Supra provincial de Lima, por la afectación que este incumplimiento genera respecto a sus derechos al debido proceso, a la verdad y justicia. A la par de las demandas de las víctimas frente al Ministerio Público, la CIDH admitió su pedido de realizar una mesa temática sobre el tema a fin de que puedan informar sobre su situación.
En la audiencia temática participaron tanto las víctimas y representantes de la sociedad civil que las patrocinan, así como representantes del Estado. Del lado de las víctimas, asistieron Aurelia Paccohuanca de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco; Rosa Reátegui, de la Asociación de víctimas de Lima Metropolitana; y Victoria Vigo. Las tres fueron esterilizadas forzadamente. También asistió Almanzor Salazar, hijo de Mamérita Mestanza, quien falleció hace 20 años a raíz de una esterilización realizada debido a engaños y cuyo caso fue materia de un Acuerdo de Solución Amistosa celebrado entre la familia de la víctima y el Estado peruano.
La demanda de las víctimas se centró en señalar que la dilación injustificada de la formalización de la denuncia penal está afectando desproporcionadamente su derecho de acceso a la justicia, por lo que exigieron que el Estado peruano regularice dicha situación en un plazo de 30 días hábiles desde esa fecha. Asimismo, pidieron a la CIDH que exhorte al Estado peruano a realizar una mejor implementación del Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas – REVIESFO a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como políticas y medidas concretas respecto a las reparaciones integrales de las víctimas, mayor presupuesto multisectorial, una atención en salud especializada, la aplicación de un enfoque intercultural en el trabajo de los órganos del Estado involucrados, entre otras demandas. Al respecto, una de las víctimas manifestó que le causa indignación que en el marco de la aplicación del plan sistemático de esterilizaciones forzadas, los agentes del Ministerio de Salud las buscaban casa por casa para poder someterlas a las intervenciones quirúrgicas y vulnerar su autonomía, sin embargo, ahora que buscan verdad y justicia, son ellas las que tienen que tocar las puertas de las autoridades competentes y aun así, poco o nada han logrado.
De parte del Estado, asistieron representantes de la Procuraduría Supranacional del Estado, de la Procuraduría del Ministerio de Salud, así como el Fiscal Coordinador de la Fiscalía Superior Penal Nacional. Los representantes del Estado manifestaron que se encuentran realizando aunados esfuerzos para responder a la gran demanda que ha traído consigo la creación y puesta en marcha del REVIESFO, las demandas de justicia y reparación de las víctimas, no solo en materia penal, sino también en materia de implementación de una política integral de reparaciones. En el marco del incumplimiento de la formalización de la denuncia, el fiscal Landa manifestó que la misma se encuentra en proceso y que en un plazo breve se habrá cumplido con dicha obligación. Por su parte, la representante del Ministerio de Salud señaló que desde este sector se ha venido trabajando en la implementación de programas de salud sexual y reproductiva, y planificación familiar con estándares que garanticen el consentimiento libre de las personas, entre otras medidas que darían cuenta de los avances en la materia y que garantizan la no repetición de los hechos.
En respuesta a las demandas y respuestas presentadas, la Comisionada de la CIDH Flavia Piovesan, exhortó al Estado peruano a considerar el caso con prioridad absoluta y total. En ese sentido, Soledad García Muñoz, Relatora Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, manifestó que estamos frente a un caso emblemático en la región de una grave violación sistemática a los derechos de las mujeres que no puede repetirse, razón por la cual necesita urgentemente ser atendida y reparada. Sobre este punto, Alda Facio, experta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, afirmó que para que no vuelva a pasar, es necesario que los Estados implementen medidas de no repetición a través de la educación en materia de derechos sexuales y reproductivos, y en igualdad de género. Finalmente, Margarette May Macaulay, Presidenta de la CIDH, pidió enérgicamente que el Estado peruano identifique a cada una de las víctimas para devolverles sus derechos y dignidad, y no perder más tiempo.
Así pues, de acuerdo a lo dicho por las víctimas, el letargo del sistema de justicia peruano las revictimiza constantemente y coloca en una situación de indefensión. Según los representantes del Estado, a pesar de que a las víctimas no les parezca suficiente, se ha avanzado de acuerdo a sus posibilidades. Es claro que existen dos miradas del problema: lo que puede hacer y lo que se necesita hacer. Y en este caso, hay miles de mujeres que necesitan reparaciones debido a la grave afectación a sus vidas causadas por las esterilizaciones a las que fueron sometidas. Aun así, parece que su atención y protección no es un tema prioritario para el Estado. Cada día muere una mujer que no fue reparada, ni encontró justicia, y con ella su historia.
Corresponde al Estado peruano intensificar sus esfuerzos para garantizar el acceso efectivo de las víctimas a justicia y reparaciones, debido a la urgencia que demanda el tiempo que ha transcurrido desde que se llevaron a cabo los hechos. No debemos olvidar que estamos frente a un caso de violaciones sistemáticas a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres que en su mayoría se encontraban en situación de pobreza y discriminación, por lo que el Estado peruano tiene obligaciones internacionales que no puede desconocer, y víctimas a las que no puede olvidar.
* Andrea Carrasco es asistente de investigación del área Académica y de Investigaciones del Idehpucp.
[1] La instauración de una mesa de trabajo sobre el tema forma parte del punto 111.4 del capítulo III del PNDH se establece la conformación de una mesa de trabajo con representantes del Estado y la sociedad civil para analizar y resolver la problemática de las personas víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre los años 1995 a 2001, señalando como responsables de dicha mesa al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
