El caso Gasoducto Sur Peruano comprende hechos cometidos desde el Gobierno de Alan García (2006-2011) hasta el periodo presidencial de Ollanta Humala (2011-2016).
Según la tesis de la Fiscalía, durante el 2011 al 2016, se habría enquistado en el Poder Ejecutivo una organización criminal liderada por Ollanta Humala y Nadine Heredia, y que, con ayuda de funcionarios de Proinversión y otros, buscaron otorgar beneficios indebidos a la empresa Kuntur Transportadora en el proyecto “Gasoducto Andino del Sur” e ilícitamente adjudicar la buena pro al Consorcio “Gasoducto Sur peruano” (conformado por las empresas Odebrecht S.A, Enagás Internacional S.L.U y, posteriormente, Graña y Montero S.A.), en el proyecto “Gasoducto Sur Peruano”.
De esta manera, el expresidente Ollanta Humala, Nadine Heredia y otros funcionarios públicos vinculados a Proinversión habrían concertado ilícitamente con la empresa brasilera Odebrecht a fin de defraudar al Estado peruano en el marco de la licitación por este megaproyecto de infraestructura.
