Keiko Fujimori, lideresa del partido político Fuerza Popular (ex “Fuerza 2011”), salió libre luego de que el Tribunal Constitucional resolviera a su favor el recurso de hábeas corpus interpuesto por su hermana Sachi, revocando la prisión preventiva de 18 meses -que, en un inicio, era de 36 meses-.
La medida fue impuesta por el juez Richard Concepción Carhuancho en noviembre del 2018, en el marco del proceso seguido contra Keiko Fujimori y otros exdirigentes que habrían operado Fuerza Popular como presunta organización criminal para realizar actos de lavado de activos consistentes en aportes provenientes de la constructora brasileña Odebrecht para financiar su campaña presidencial de 2011. De acuerdo a lo planteado por la fiscalía, Odebrecht habría abonado 1 millón 200 mil dólares de su dinero ilícito.
Por reciente confesión del presidente ejecutivo de Credicorp, Dionisio Romero Paoletti, Keiko Fujimori también habría recibido 3 millones 650 mil dólares en efectivo para la campaña del 2011. Asimismo, uno de los dueños del Grupo Gloria, Vito Rodríguez Rodríguez, ha reconocido ante el fiscal José Domingo Pérez que aportó 200 mil dólares para dicha campaña presidencial. También se tienen los testimonios de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, quien aseguró que Keiko Fujimori conocía que los aportes provenían de la empresa Odebrecht. Todo lo mencionado forma parte de los elementos de convicción presentados por la fiscalía en el nuevo pedido de prisión preventiva por 36 meses.
La Disposición fiscal N°145 del 06 de diciembre de 2019 amplió la investigación preparatoria contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por los presuntos delitos de asociación ilícita, organización criminal y falsa declaración y fraude procesal; solicitado además al Poder Judicial incluir en la investigación a la persona jurídica MVV Bienes Raíces S.A.C, propiedad del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella.