Sin embargo, esta ambiciosa pretensión no ha llegado a generar el impacto deseado. No se puede culpar de esto a la forma de elaboración o al contenido del Informe. La CVR es una de las cinco comisiones más solidas entre los más de cuarenta grupos de trabajo similares en el mundo[1]. Tal reconocimiento es porque el trabajo que la CVR realizó no se limitó a estudiar violaciones de derechos humanos circunscritas a un evento, sino que analizó un periodo amplio (1980-2000). Hizo uso de audiencias públicas y ello ha sido copiado por otras comisiones. En suma, a nivel internacional ha tenido amplia acogida. Se debe reconocer, por ejemplo, que diez sentencias de Corte Interamericana de Derechos Humanos[2] utilizan el Informe de la CVR para contextualizar una determinada vulneración de derechos humanos dentro de este periodo de la historia peruana.

Son factores exógenos al Informe los que le han restado importancia y ello tiene que ver con reacciones adversas de grupos de poder, con acceso a medios, que desean evitar que se haga memoria sobre hechos en los que se les ha relacionado. Pero más que intencionada malicia, lo que hay es un irresponsable olvido por parte de la sociedad peruana en general. ¿Cuántas personas exigen que el estudio de los años del conflicto sea incluido dentro de la malla curricular de colegios y universidades? Al parecer, no es un tema prioritario en el debate nacional.

No es así para las víctimas del conflicto. La palabra gravitante que debiera interesar no solamente a las víctimas o a sus familiares, sino al Estado y la sociedad en general es “reparación”. El Plan Integral de Reparaciones estableció diversos programas que deberían haber generado un encausamiento sistemático de recursos y esfuerzos destinados a determinar la reparación adecuada y efectiva de los derechos de las víctimas y sus familiares del periodo de violencia. A continuación vemos un cuadro sobre los principales problemas que tuvieron dichos programas:

Mientras la insatisfacción sea una constante en las víctimas cuando reciben el programa de reparación, se puede decir que no se ha logrado el objetivo que se buscaba. Mientras el progreso económico sea un referente único para medir el progreso de nuestra sociedad, se olvidará que muchas de las causas estructurales que generaron la violencia siguen allí, aunque con la variación que los años le generaron.

Repensemos el concepto de complicidad. No es solo ocultar una realidad actual, es también olvidar a las víctimas de la violencia. Es querer reducir las cifras de la violencia. Olvidar puede ser una prerrogativa de las víctimas, pero no lo será nunca del Estado ni de la sociedad en su conjunto.

Escribe: Morgana Salvador, investigadora del IDEHPUCP