En las últimas semanas el país ha padecido una nueva arremetida contra la memoria sobre el conflicto armado interno que vivimos entre 1980 y 2000. Esta vez la campaña fue encabezada por un personaje que parece confundir la tarea de parlamentario con la de comediante, muy conocido por recurrir a una procacidad impropia de su alto rango militar. Hace una década lo escuchamos referirse a matanzas y a violaciones sexuales como si fuesen objetos de burla, lo que fue motivo de vergüenza para los peruanos y en especial para sus compañeros de armas.
Dicho congresista, que enfrenta cargos de corrupción, se hizo pasar por víctima a fin de extraer declaraciones de funcionarios del Lugar de la Memoria para manipularlas a su antojo. Pareciera propondrá una Ley de Amnistía para los militares que violaron los derechos fundamentales de ciudadanos peruanos. A él se han sumado otros colegas que han mostrado una actitud poco firme frente a la verdad de lo ocurrido en el Perú y personas que simplemente ignoran lo ocurrido y sin embargo emiten juicios que aspiran a ser axiomas.
La intención es minimizar y finalmente olvidar masacres, torturas y violaciones sexuales perpetradas por agentes del Estado, actos repudiables e inexcusables, desvinculados de lo que fue su deber. Bajo la fórmula que fueron simples “excesos” o “costos a pagar por la pacificación” se pretende así evadir sus responsabilidades en actos atroces.
Muchos militares y policías dieron su vida por la seguridad de nuestra patria. Muchos otros quedaron con discapacidades y otros sufren condiciones psicológicas que arrastrarán toda su vida como consecuencia de cumplir con su deber. La CVR recomendó con énfasis que dichos servidores del país debían ser reconocidos por su heroísmo y ser beneficiados dentro de un Plan Integral de Reparaciones.
Pero asimismo, la CVR demostró que varios miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales cometieron graves actos. Probó que en algunos lugares y durante ciertos momentos, ellos no fueron una excepción sino que constituyeron una política sistemática y generalizada: El Destacamento Colina, la Casa Rosada, el Cuartel Los Cabitos de Ayacucho nos remiten –entre otros casos- a crueldades que incidieron especialmente sobre peruanos pobres y quechuahablantes. Negar estos hechos, que deshonran el uniforme que vistió Bolognesi, es una nueva injuria para las víctimas y una afrenta para aquellos oficiales que sí cumplieron su deber con sentido del honor. Utilizar la memoria de aquellos héroes para amparar a quienes delinquieron es un acto que ofende a los que actuaron con honestidad y espíritu de sacrificio.
Afortunadamente, la ciudadanía no parece haberse dejado guiar por tan torpe manipulación. Cientos de personas han acudido al LUM en estos días, para formarse su propia impresión sobre este espacio. La cinta póstuma del cineasta ayacuchano Palito Ortega ha llenado las salas de los cines. Defender los espacios de una memoria fiel y aleccionadora es un acto auténticamente patriótico y resulta especialmente urgente cuando nuestro gobierno asume una actitud concesiva, poco firme, frente a esta nueva campaña contra la memoria.
Finalmente un consejo: complementen su visita al LUM accediendo a la muestra YUYANAPAQ preparada por la propia CVR (6to piso del Ministerio de Cultura). Luego de ello reflexionen y extraigan sus conclusiones.
