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Opinión 10 de febrero de 2017

Es fundamental, por ello, que nuestra sociedad se defienda contra el cinismo. Los responsables de la mayor corrupción de las últimas décadas y sus voceros en los medios de comunicación y en las colectividades del mundo digital han propalado desde siempre la idea de que todos somos corruptos. Al mismo tiempo que se niegan a reconocer responsabilidades y a hacer una autocrítica honesta, pretenden convencernos de que denunciar el robo, la corrupción, el fraude y las violaciones de derechos humanos son banalidades o frivolidades. En la noción del mundo que buscan imponer los valores cívicos son, por un lado, una pretensión risible, y por otro lado, una ficción, puesto que, según ellos, todos somos partícipes o cómplices de alguna forma de corrupción.

Esa es una interesada falsedad que seguramente se buscará difundir con más energía en este tiempo. Los sucios negocios en que se han visto envueltos personajes de la última transición política serán utilizados para intentar, una vez más, borrar la distinción entre ética y cinismo. Frente a ello, esos sectores de la ciudadanía que reclaman y trabajan por una democracia verdadera y por un genuino estado de Derecho deben defender, una vez más, la posibilidad de una reconstrucción cívica del país.

En primer lugar, ha de quedar claro que la justicia debe ser ejercida con rigor y sin cortapisas. Todos quienes hayan incurrido en pagos y cobros de sobornos y se hayan enriquecido valiéndose de su función pública, así como quienes han conspirado para ello desde la empresa privada, deben ser investigados y sancionados. La justicia es aleccionadora cuando es pronta, exhaustiva e imparcial; cuando es selectiva e indolente se convierte, más bien, en una fuente de mayor corrupción y cinismo.

En segundo lugar, debe señalarse lo siguiente: el hecho de que la ciudadanía sea defraudada y engañada por sus autoridades electas no implica, en absoluto, que la nuestra sea una sociedad fatídica y generalmente corrupta ni significa que el crimen y la honestidad sean indiferenciables. Es censurable que un político electo resulte corrupto, pero lo es más aún si, sabida su corrupción, ciertos sectores lo sigan apoyando, defendiendo o contribuyan a disimular sus crímenes.

Una vez más, lo que debe ayudarnos a poner atajo al cinismo que amenaza a nuestra cultura pública es la verdad seguida por la justicia. Reconocer la verdad, hacerla pública, extraer de ella las conclusiones y las lecciones apropiadas es una ruta no suficiente, pero sí indispensable, para defender nuestra esperanza democrática.

Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, para La República

(10.02.2017)