El funcionamiento de la justicia tiene un indudable valor para el fortalecimiento de la cultura democrática. Observar a magistrados y funcionarios judiciales actuando de manera recta y firme, con celo y apego estricto a la ley para enfrentar al crimen, rinde inapreciables beneficios para la gestación o el impulso de actitudes cívicas entre la población. La justicia oportuna e imparcial nos habla de la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos y de la fiabilidad de las instituciones republicanas. Al así hacerlo, apuntala la confianza ciudadana y la lealtad a la democracia.
Todos esos valores que asociamos a la imaginación cívica son degradados y burlados cotidianamente por quienes dominan el escenario político en el Congreso, en los gobiernos locales y en otras instancias. De ese modo, producen una constante desmoralización del país. Por ello resulta especialmente notorio el papel que ciertas autoridades judiciales están cumpliendo en la lucha contra la corrupción, más aun cuando ha sido precisamente en el ámbito judicial donde hemos visto, en los últimos meses, algunas de las peores muestras de corrupción y cinismo.
Lo que hemos visto en las últimas semanas en el caso de lavado de activos que involucra a la alta dirigencia de Fuerza Popular ofrece una imagen poco frecuente en nuestro país, y por eso más apreciable aún: un fiscal y un juez que hacen un trabajo meticuloso, serio y diligente y que conduciría a que una fuerza política poderosa, y con muy pocos valores cívicos y democráticos, se vea obligada a rendir cuenta de sus actos.
La ciudadanía expresa su apoyo a esas autoridades y se siente reconfortada e incluso esperanzada por su actuación. Eso quiere decir que, a pesar de todo, todavía existen reflejos de moralidad en nuestra sociedad, y que esos reflejos se activan cuando ven que las instituciones pueden funcionar adecuadamente, aunque se trate más de casos excepcionales que de la norma habitual.
La aplicación de la ley con severidad y con rigor, pero sin ánimo de venganza ni parcialidad, constituye, en efecto, una instancia privilegiada de pedagogía cívica. Los ciudadanos experimentan el valor de la ley. Y si se trata de casos que llegan a tener amplia difusión, la sociedad incluso incorpora a sus conocimientos ciertas piezas de cultura jurídica que normalmente son privativas de los especialistas. Eso ha estado sucediendo, en ciertos sectores sociales, en las últimas semanas, mientras se observan las audiencias sobre el pedido de prisión preventiva para altos dirigentes u operadores políticos de Fuerza Popular. Se constata, también, la importancia de tener procesos judiciales pulcros, respetuosos de los procedimientos, lo cual es más bien infrecuente en situaciones de autoritarismo.
No hay que suponer que esta actuación fiscal y judicial será la norma en el futuro inmediato. Pero sí hay que reconocer ahí una promesa y una evidencia de que nuestras instituciones pueden regenerarse si hay hombres y mujeres honestos al frente de ellas.
