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Opinión 16 de mayo de 2016

El impeachment marca el fin del gobierno del Partido de los Trabajadores (adelante PT), quien asumió el poder primero en 2003 con Luis Inácio Lula da Silva a su cabeza. En los meses antes su destitución, Rousseff mantenía una tasa de aprobación de solo 10% de la población brasileña. Sin embargo, el apoyo masivo hacia el gobierno de Rousseff ante la posibilidad de su destitución durante estas semanas nos invita a interrogarnos sobre los motivos de la sociedad civil de respaldar a la presidente en medio de uno de los peores escándalos de corrupción que ha conocido el país.

El apoyo a Dilma en gran parte por la clase socioeconómica baja de Brasil tal vez se puede explicar desde un punto de vista de derechos humanos. Desde la implementación por el PT de programas de seguridad social como la famosa Bolsa Familia, mediante el que la población en situación de pobreza logra acceder a algunos servicios básicos. Tal como lo enuncia el Protocolo de San Salvador, así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho al trabajo y al seguro social constituyen garantías económicas dentro de la esfera general de derechos humanos. En ese sentido, el respaldo a Dilma y el PT puede ser interpretado como una lucha por la preservación del acceso a los derechos fundamentales.

La oposición al impeachment de Rousseff se puede justificar también por la impresión de una falta de legitimidad de sus adversarios. Un estudio publicado en Political Behaviour (2014) muestra que la popularidad de gobiernos en Latinoamérica es inestable frente a los escándalos de corrupción en contextos de crisis económicas.[1] Dicho esto, los escándalos que intervinieron en el proceso de impeachment no han logrado probar la culpabilidad de Rousseff directamente. Entonces, los motivos para escoger el impeachment como modo para sancionarla son aún cuestionados. Se ha mencionado que podría ser una estrategia para desviar a los escándalos de corrupción en los cuales están metidos varios diputados que votaron a favor de su destitución o que este se habría producido en un contexto de oportunidad política para desarrollar un cuestionamiento directo, aprovechando los mínimos niveles de legitimidad de su gobierno.

Frente a esta situación y hasta el momento, un giro hacia un gobierno de derecha se hace aún incierto en tanto el PT ha decidido seguir movilizando sus militantes en las calles y la crisis económica se presenta como un factor que ha influido en la baja legitimidad del gobierno de Rousseff sin ser discutido de forma técnica por sus detractores.[2] De igual forma, analizar el resultado de este juicio político respecto a un retraimiento de la democracia requiere una mayor discusión.

En medio de esta coyuntura política, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos y la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú organizan el XII Encuentro de Derechos Humanos que tiene como temática la construcción de regímenes democráticos en la región latinoamericana por lo que su conferencia inaugural plantea como pregunta si existe una consolidación o retraimiento de estos regímenes. Esta conferencia se realizará el día lunes 16 de mayo, a las 7pm en el Auditorio de Humanidades de la PUCP y contará con la exposición de Alberto Vergara y los comentarios de Gabriela Camacho y Antonio Zapata.

Escribe: Emilie de Haas, Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de McGill y asistente de investigación visitante en el IDEHPUCP.


[1] Carlin R. E., Love, G.J., Martinez-Gallardo C.. Cushioning the fall: Scandals, economic conditions, and executive approval. Political Behavior. Advance online publication. 10.1007/s11109-014-9267-3., 2014.

[2] Benavides, Tatiana. Corrupción, recesión e impeachment: lecciones para América Latina. En: Infolatam. Información y análisis de América Latina.