Durante las últimas semanas, la salida de la cárcel de miembros de Sendero Luminoso, al haber cumplido su pena, ha prevenido a un sector de peruanos sobre un posible regreso a nuestra sociedad del terrorismo, tal como lo vivimos en las décadas de 1980 y 1990.
En particular, la atención mediática sobre Maritza Garrido Lecca, encargada de la custodia de Abimael Guzmán, quien dejó la cárcel luego de 25 años de pena, ha generado alarmas que, habida cuenta de la tragedia que vivió el país son, hasta cierto punto, fundadas. Sin embargo, resulta también necesario señalar que generándose una situación de exacerbada sensibilidad, ello también podría ser aprovechado políticamente por quienes quieran medrar del triunfo conquistado contra el terror.
Se ha dicho que todos los militantes y simpatizantes de Sendero Luminoso merecen la cadena perpetua o la pena de muerte, por el daño causado al país. Sin duda, se requiere una sanción severa contra quienes atentaron contra la democracia. Pero esta debe basarse en el respeto al Estado de Derecho y a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y sobre el asunto recordemos que en 1992, la mayor parte de procesados por terrorismo terminó con penas que iban entre los 25 años y la cadena perpetua. Sin embargo, como se sabe estos juicios fueron anulados por el Tribunal Constitucional en 2003, debido a que las normas que los regulaban eran inconstitucionales, desarrollándose nuevos procesos que evitaron que los senderistas más peligrosos salieran de prisión.
Las nuevas sentencias establecieron penas a partir de las pruebas existentes y en razón de la participación de cada uno de los senderistas en los hechos que enlutaron al país. Dichas penas en el caso de los cabecillas, fueron elevadas y sin posibilidad de gozar de beneficios penitenciarios.
Nuestro sistema carcelario, de acuerdo a la Constitución, establece que el fin de la pena es la resocialización. Y creemos que es allí donde reside parte esencial del problema. Nuestras prisiones son, como sabemos, espacios donde se confina al reo en condiciones que hacen muy difíciles las posibilidades de su posterior reincorporación en la sociedad. Hacinamiento y descuidadas condiciones de trabajo al interior de los penales son entre otros, elementos que atentan contra un regreso adecuado a la vida social. Situación que se hace aún más problemática cuando se trata de personas sentenciadas por delitos que nacían de un alto fanatismo.
La CVR planteó medidas para reformar nuestro sistema de prisiones, pero, lamentablemente, tales recomendaciones no fueron atendidas.
Se ha sugerido que se haga seguimiento a los senderistas que salen en libertad. No hay duda sobre tal tarea: el Estado debe usar las armas que le confiere la ley para protegerse. Pero una solución estrictamente policial no resuelve el problema. La confrontación de la sociedad peruana ante una ideología trasnochada y fundamentalista como la de Sendero, hoy encarnada en el Movadef, requiere fundamentalmente de una enseñanza crítica de nuestra historia, elemento que nuestros políticos no suelen tomar en cuenta. Quedarnos en la mera frase “terrorismo nunca más”, sin una comprensión clara de los fenómenos de la vida social y una adecuada e inteligente planificación de las tareas que habrían de cumplirse, nos deja simplemente en una mera retórica de corte populista. No podemos contentarnos con ella si queremos cerrar de modo honesto y eficaz una dura etapa de nuestra historia.
