28/04/2015

La tragedia de los migrantes en el Mar Mediterráneo: ¿persecución penal o prevención que garantice los derechos humanos?

2_IMG_5232¿Tráfico ilícito de migrantes? ¿Trata de personas? ¿Refugiados? Seres humanos. Lo ocurrido en el Mar Mediterráneo este 19 de abril es, sin duda, una tragedia humana terrible que desplaza a un segundo lugar la categorización jurídica del hecho y de la situación de sus víctimas. Se calcula que más de 700 personas han muerto al hundirse la embarcación que los trasladaba desde Libia hacia las costas europeas, en un intento por escapar de contextos de conflicto, pobreza, persecución y demás horrores que estas personas viven en sus países de origen.

Lo ocurrido, sin embargo, no representa un hecho aislado. Según datos de FRONTEX[1], solo entre noviembre y diciembre del 2014 se realizaron 77 operativos de búsqueda y rescate de migrantes en el Mar Mediterráneo, salvándose aproximadamente 12 000 personas. Los datos correspondientes al verano del 2014 fueron aún peores: 28 000 migrantes llegaron a las costas europeas por vía marítima, muchos de ellos rescatados antes de que la embarcación donde se desplazaban se hundiera o encallara contra las costas griegas o italianas.[2]  

Para hacer frente a este problema, el Estado italiano había lanzado en octubre del 2013 la Operación Mare Nostrum, que tenía como objetivos: (i) garantizar la vida en el mar y (ii) llevar ante la justicia a los presuntos responsables del tráfico ilícito de migrantes. En ese sentido, la finalidad de esta política, más que un control de fronteras, era el rescate de los migrantes abandonados frente a las costas italianas. Por ello, este proyecto, aun cuando era dirigido por la Marina de Guerra italiana, tenía la colaboración tanto de las fuerzas militares y policiales, como de una serie de actores dedicados a la prestación de ayuda humanitaria, como la Cruz Roja Italiana, los voluntarios de asociaciones civiles dedicados a la migración ilegal y a la trata de personas, el personal médico del Instituto de Sanidad Marítima y Aeronáutica de las Fronteras, entre otros. Solo entre enero y octubre del 2014, la Operación Mare Nostrum rescató alrededor de 156 000 personas en 439 operativos en el Mar Mediterráneo. A pesar de ello, en octubre del año pasado este proyecto concluyó y fue reemplazado por la Operación Tritón dirigida por FRONTEX y financiada por la Unión Europea.[3]

La Operación Tritón representa un cambio de objetivos puesto que centra sus esfuerzos en el control de fronteras y el regreso de los migrantes irregulares a sus lugares de origen. A diferencia de la Operación Mare Nostrum, en este caso el control y apoyo en el mar se limita a una distancia de 30 millas de la costa europea, el presupuesto de la operación es apenas un tercio de aquel que tenía el proyecto italiano y también se han reducido considerablemente los medios navales y aéreos destinados a llevar a cabo los operativos. Además, es importante indicar que FRONTEX es una agencia encargada de brindar asesoría técnica a los Estados y ayudarlos a cooperar para el control de sus fronteras, sin un encargo específico sobre el rescate humanitario ni medios o capacidad para ello. Con ello, parece ser que la política europea ha virado, dejando de lado el enfoque de protección de la Operación Mare Nostrum y adquiriendo un enfoque criminalizador y represivo de la migración.

Luego de la última tragedia en el Mar Mediterráneo que dejó más de 700 desaparecidos, el Consejo Europeo se reunió de forma extraordinaria para buscar una solución al problema. Acorde a lo dispuesto por la declaración publicada luego de este encuentro, los Estados han acordado trabajar en cuatro áreas:

(i) Reforzar la presencia europea en el Mar Mediterráneo al triplicar el presupuesto de la Operación Tritón, otorgarle más naves y helicópteros, e indicar que su mandato sí incluye las operaciones de rescate;

(ii) Luchar contra el tráfico de migrantes por vía marítima a través de una operación de destrucción de las embarcaciones que se utilizan para el transporte de los migrantes, fortaleciendo la cooperación con las fuerzas policiales y militares de los Estados donde se encuentran los grupos de criminalidad organizada para lograr su captura y puesta a disposición de la justicia, y eliminando los sitios web que permiten el contacto entre grupos criminales y potenciales víctimas;

(iii) Prevenir los flujos de migración ilegal mediante el apoyo y la cooperación con terceros Estados (Túnez, Egipto, Sudán, Mali, Níger y Turquía) para que vigilen y controlen sus fronteras terrestres y no permitan que potenciales migrantes alcancen las rutas marítimas y a través del establecimiento de un programa de retorno rápido de los migrantes a sus lugares de origen o tránsito promoviendo su readmisión; y

(iv) Reforzar la solidaridad y la responsabilidad interna, lo que comprende la implementación en la normativa nacional de los Estados europeos del Sistema Europeo Común de Asilo, aumentar la ayuda a los Estados donde llegan los flujos migratorios, y estableciendo un proyecto piloto voluntario de reasentamiento de los migrantes que tienen derecho a protección internacional.[4]   

De las cuatro estrategias, tres se plantean desde un enfoque de persecución penal y de impedimento de las migraciones con políticas de contención, lo que claramente refuerza la idea de un cambio de enfoque hacia las migraciones. Únicamente el último punto de la declaración hace referencia a alguna política de cooperación entre Estados para la protección de los migrantes, pero sin indicar nada distinto a lo ya existente.

En ese sentido, el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) reúne las diversas directivas y reglamentos europeos que establecen estándares de protección para los migrantes y refugiados en el territorio de la Unión Europea.[5] El proceso de aplicación o transposición a la normativa nacional de las normas que conforman el SECA debería concluir, como máximo, a mediados del 2015; de no ocurrir ello, los solicitantes de refugio podrán invocar directamente la normativa europea ante las autoridades nacionales. Además, cabe mencionar que entre las normas del este sistema se encuentra la Directiva 2001/55/EC que plantea normas mínimas para, en caso de afluencia masiva de personas, otorgarles protección y equilibrar los esfuerzos de acogida entre los diversos Estados europeos. Precisamente, esto es lo que indica la declaración. Sin embargo, esta directiva es la única norma del SECA que no ha sido actualizada y que nunca ha sido aplicada.[6] Tratar de lograr, a través de una declaración, lo que no se ha conseguido en casi quince años resulta ser bastante difícil.

El fenómeno migratorio, más que una política represiva, necesita un enfoque multidimensional de prevención que comprenda, entre otros, el reforzamiento del diálogo político y diplomático que busca avanzar hacia situaciones de paz en zonas de conflicto interno. La adopción de disposiciones de Derecho penal que criminalicen el tráfico de migrantes de forma respetuosa con los derechos humanos. Para ello, será indispensable determinar cuándo efectivamente nos encontramos ante un migrante irregular y cuándo, más bien, estamos ante víctimas de trata de personas.[7] El respeto y garantía a las personas que llegan a territorio europeo de una serie de derechos, como por ejemplo el derecho a la no devolución, a la asistencia mínima o al respeto de las garantías del debido proceso durante los procedimientos de solicitud y otorgamiento de la calidad de refugiado.[8]

El naufragio y la muerte de cientos de migrantes, así como los constantes rescates que se vienen realizando en el Mar Mediterráneo, requieren de soluciones mucho más profundas que el solo aumento de fondos económicos y una clara política migratoria de represión. Es necesario plantear un enfoque preventivo, multidimensional y promotor de los derechos humanos que busque soluciones efectivas y duraderas para todas las aristas del problema. Cabe recordar, finalmente, que la detención de los flujos migratorios hacia Europa también descenderá cuando las personas encuentren en sus Estados de origen una vida digna, que les permita desarrollarse sin violencia y llevar a cabo su proyecto de vida. Es deber de toda la comunidad internacional sumar esfuerzos para lograr la paz y el desarrollo de todas las naciones, buscando mecanismos que garanticen los derechos humanos individuales y colectivos y prevengan su vulneración como en el terrible caso de los miles de migrantes que cruzan el Mar Mediterráneo cada mes.    

Escribe: Chiara Marinelli, investigadora del IDEHPUCP


[1]    FRONTEX es la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea creada en el 2004 y actualmente encargada de la Operación Tritón relacionada con las migraciones en el Mar Mediterráneo.

[2]    Mayor información en: «http://frontex.europa.eu/».

[3]    Mayor información en: «http://www.marina.difesa.it/cosa-facciamo/operazioni-concluse/Pagine/mare-nostrum.aspx».

[4]    La declaración se encuentra disponible en: «http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/».

[5]    Para mayor información sobre el conjunto de normas que conforman el SECA, ver: «http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/ceas-fact-sheets/ceas_factsheet_es.pdf».

[6]    Para mayor información sobre la implementación de las normas comunitarias del SECA en la normativa interna de los Estados europeos, incluyendo fechas y procedimientos, ver: AEDH. Integrar el “Paquete Asilo” europeo en Derecho nacional. Herramienta de acompañamiento de la transposición y ejecución del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) en los Estados miembros de la UE. Bruselas: AEDH, 2014. Disponible en «http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Integrar%20el%20paquete%20asilo%20europeo%20%20_AEDH%20-%20junio%202014__ES.pdf».

[7]    Para lograr lo dispuesto, los Estados pueden y deben apoyarse en el Derecho Internacional, implementando y aplicando los tratados internacionales sobre la materia. Entre ellos: el Protocolo sobre Trata de Personas y aquel relativo al Tráfico de Personas por vía mar, tierra y aire adoptados en el 2000 junto con la Convención sobre Delincuencia Organizada Transnacional. Los textos de estos tratados se encuentran disponibles en: «http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-s.pdf».

[8]    Estas garantías han sido desarrolladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus sentencias sobre el Reglamento de Dublín, norma donde se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado responsable del examen de una solicitud de refugio presentada en uno de los Estados europeos por un nacional de un tercer Estado. Los resúmenes de las sentencias pueden encontrarse en: «http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Dublin_ENG.pdf».