En el siglo XXI vemos cada vez más una fuerte presencia de mujeres -de todos los niveles socioeconómicos- ganando espacios en los diferentes ámbitos de la vida de nuestro país. Estas mujeres plantean diversas demandas políticas, económicas, sociales y culturales al Estado, sin embargo éste no ha logrado responderlas de manera legítima y eficaz.
Ello, sin duda, agudiza la crisis de gobernabilidad que se hace sentir en el país y que no se resolverá si los gobiernos de turno no incorporan en sus políticas un enfoque de género, es decir, si no atienden estas demandas y las colocan en la agenda pública de manera central.
En efecto, como sabemos la actual generación de mujeres peruanas, es la que ha logrado mayores niveles educativos, si las comparamos con sus madres o sus abuelas. Sin embargo, este éxito educativo, no tiene correlato con la inserción en el mercado laboral. Por lo que, cada vez tenemos a mujeres mejor calificadas pero que no logran buenos niveles de empleabilidad.
La dificultad de las mujeres a acceder al empleo formal, tiene diferentes aristas. Una muy importante está vinculada con la división sexual del trabajo y la carga reproductiva. Al respecto, alguien podrá decir que sí se han desarrollado algunas respuestas por parte del Estado. Y es verdad, sin embargo, estas respuestas son -a todas luces- insuficientes. Por ejemplo, se podría argumentar que, para las mujeres de menores recursos, el programa CUNA MAS les ofrece una alternativa de cuidado para sus hijos e hijas menores de 3 años, pero en realidad el mencionado programa no ha sido pensado en las mujeres, sino en los niños y niñas. Y ello queda claramente demostrado, cuando por ejemplo vemos sus horarios de funcionamiento (de 8:00 a 4:00), lo que hace imposible que la eventual madre usuaria del programa, consiga un empleo formal, puesto que en el mejor de los casos sólo tendrá 6 horas disponibles para un trabajo productivo, de 9:00 a 3:00 pm y sin almorzar; otro dato interesante es que estos programas reciben a los niños y niñas a partir de los 6 meses, y no coincidan por ejemplo con los 45 días que las mujeres tenemos de post natal, dejando una brecha de varios meses sin cobertura a la eventual madre trabajadora.
Como parece que por ahí no va la solución, entonces surgirá alguna voz que nos haga recordar la oportunidad del teletrabajo, que le permitirá a la mujer trabajar desde su propio hogar y como no, seguir asumiendo toda la carga doméstica, que va de 93 a 105 horas a la semana en caso esa mujer tenga alguna persona dependiente en su hogar (menores de 6 años, persona enferma, con discapacidad, o de la tercera edad. ENUT, 2010). El problema con el teletrabajo es que –si bien puede tener ventajas en términos de ahorro en transporte- también aísla a la mujer y la mantiene confinada en su casa, espacio que como sabemos no es el más seguro para ella.
De otro lado, en ambas políticas, la del cuidado infantil y la del trabajo a distancia pareciera que el Estado refuerza los estereotipos de género, asumiendo que es sólo la mujer y no el varón quien debe adecuar su jornada para poder cumplir con el trabajo doméstico y el trabajo productivo.
Pero si de trabajo productivo se trata, pensemos en los emprendimientos económicos en donde estas mujeres más educadas tendrán mayor potencialidad para desarrollar su futuro laboral. Y lo que encontramos ahí es que muchas mujeres se lanzan como emprendedoras más por necesidad que por oportunidad. Es decir, no hay programas que estén orientados especialmente a ellas para que desarrollen sus habilidades en líneas productivas que puedan insertarse en cadenas de valor con potencialidad económica real (minería, forestal, acuicultura, turismo, entre otros), y más bien, tenemos a las mujeres en emprendimientos que no son más que una extensión de sus labores de ama de casa (venta de comida, de cosméticos, peluquería, tejidos, etc.) con bajísima productividad. A pesar que el Estado en los últimos años ha venido desarrollando los Centros de Innovación Tecnológica -hay 46 CITES en el país, 24 de los cuales son públicos- desde donde se puede potenciar a las pequeño y mediana empresas. Son estos motores de desarrollo regional, a los que deberían engancharse las cadenas productivas, que den oportunidad de empleo a muchas mujeres.
Las demandas de estas mujeres más educadas, también se han reflejado en alcanzar mejores niveles de participación, tanto en la vida política de nuestro país como en otros espacios de toma de decisión. Pero aquí tampoco ha sido efectivo el Estado. Desde la aprobación del sistema de cuotas, no se han ampliado márgenes de participación política para las mujeres. El Congreso peruano, en sus diferentes versiones ha sido mezquino con las mujeres y no ha aprobado ni la alternancia ni la paridad. Demandas que en muchos países de la región ya han sido atendidas e incorporadas a la vida política del país. Menos aún se ha podido siquiera avanzar en cuotas de género en el caso de elecciones uninominales (alcaldes, presidentes regionales o plancha presidencial nacional), y más lejos todavía la incorporación de cuotas en los directorios o instancias colegiadas del Poder Ejecutivo.
Y como estas mujeres más educadas, saben que tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, ahora denuncian el maltrato, pero ello no ha generado una respuesta efectiva por parte de las autoridades policiales y /o judiciales, siendo la impunidad el mensaje más claro que ha sido emitido por el Estado y que ha sido perfectamente captado por los agresores. Basta con remitirnos al conocido caso de Arlette Contreras, entre tantos otros de los que a diario tenemos conocimiento.
Si la gobernabilidad tiene que ver con el equilibrio entre la oferta y la demanda de políticas públicas y servicios, queda claro que el Estado peruano está dirigiéndose al bicentenario sin responder a las demandas que las mujeres le hemos planteado en las últimas décadas. Ello sin duda no contribuye a la ansiada gobernabilidad de nuestro país y más bien diría que abona en la falta de legitimidad de los gobernantes de turno.
Llegamos entonces al bicentenario sin que el Estado logre políticas públicas sostenibles para el logro de la autonomía política, económica y física de las mujeres, no por desconocimiento de qué es lo que se puede impulsar sino por escasa o nula voluntad política. Urge que el sistema político procese las demandas de las mujeres y que estas sean atendidas, en tanto las mujeres representamos el 50% de la población. Ello abonará a superar la crisis de gobernabilidad democrática que hoy enfrenta nuestro país.
* Escribe: Marcela Huaita, abogada, docente del departamento de Derecho PUCP, consultora internacional e investigadora asociada del Idehpucp.
