06/09/2013

Los retos de la memoria

 

Hace una década que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación entregó su Informe Final al país, a sus instituciones y a sus ciudadanos. La Comisión se propuso –conforme al mandato que le dio vida–  elaborar una investigación interdisciplinaria que contribuyese al esclarecimiento del conflicto armado interno vivido entre 1980 y 2000.

El Informe debía asimismo establecer responsabilidades entre los actores de la violencia y entre quienes cumplieron funciones de Estado en aquellos años, distinguiendo entre responsabilidades políticas y aquellas que pudieran alcanzar una dimensión penal. Finalmente, el documento debía formular recomendaciones y diseñar reformas institucionales para que esta situación de injusticia y sufrimiento no se repita en el futuro. La Comisión cumplió con las tareas que le encomendó el gobierno de transición: el Informe Final constituye un material riguroso que puede convertirse en punto de partida para la construcción de políticas de memoria, justicia y reparación en el Perú.

No obstante, el documento no fue bien recibido por la mayoría de las fuerzas políticas con representación en el Congreso y por no pocos personajes influyentes en el mundo de la empresa, la prensa y la jerarquía eclesiástica local. El encono de un sector de nuestras “élites” se basó más en el prejuicio y en el mero cálculo político que en la lectura del texto. Se pretendió echar sombras sobre las Conclusiones y el mensaje del Informe a través de la difamación y la difusión de falsedades o medias verdades en torno al lenguaje empleado –que correspondía al vocabulario científico empleado de los estudios sobre justicia transicional–, respecto del diagnóstico formulado acerca del proceso de violencia, y el número de víctimas. Se ha intentado bloquear sistemáticamente la posibilidad de que los estudiantes escolares puedan acceder en las aulas a información sólida sobre el conflicto armado interno, información que podría ser de gran utilidad en la formación de sus capacidades para la ciudadanía democrática. Poco se ha avanzado en materia de reparaciones y en la judicialización de los casos de violaciones de los derechos humanos. Nuestros políticos no toman en cuenta que la suspensión de la justicia y la imposición del silencio frente al conflicto vivido tienen el efecto perverso de dejar sin examen ni prevención las condiciones sociales de nuevos episodios de violencia. El trabajo de la memoria, la acción de la justicia y la reparación de las víctimas constituyen requisitos indispensables para conjurar nuevas formas de conflicto violento.  

Los retos que plantea la reconstrucción de la memoria son diversos y urgentes. Nos llevan a constatar que permitimos –a causa de nuestra indolencia o la falta de compromiso– que miles de compatriotas fuesen víctimas de tortura, asesinato y desaparición forzada, permaneciendo en una condición de invisibilidad social y desamparo por no pertenecer a nuestras ciudades o por no compartir nuestra lengua y actividades cotidianas. Permitimos que se desconocieran sus derechos básicos y su condición de ciudadanos. Las políticas de justicia y reparación apuntan a la restitución de esos derechos ilegítimamente conculcados. La memoria nos exhorta a revisar las formas autoritarias en las que se imparte la educación en el país, de modo que se resienten las capacidades de reflexión y espíritu crítico de los jóvenes. Nos exige reconocer el carácter multicultural de nuestra sociedad y a generar una cultura pública de respeto por la diversidad.

El ejercicio de la memoria y la atención de las víctimas constituyen condiciones esenciales para regenerar el tejido social lesionado por la violencia y construir una genuina institucionalidad democrática entre nosotros. Sin políticas de justicia y reparación, la igualdad civil entre los peruanos se conservará como un mero ideal abstracto. La preocupación política por la inclusión pasa por el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos de una auténtica República, una comunidad política que no está dispuesta a permitir que sus miembros permanezcan inmersos en el círculo vicioso de la injusticia y la desesperanza.

La República