El 24 de diciembre pasado el presidente Pedro Pablo Kuczynski tomó una decisión que lesionaba profundamente el Estado de Derecho y alteraba el orden democrático que se intenta consolidar en el país. Al otorgar el indulto a Alberto Fujimori y al concederle el derecho de gracia, Kuczynski sustraía de la justicia a una persona condenada por graves violaciones de derechos humanos. Múltiples infracciones se condensan en ese acto arbitrario. El Jefe de Estado negaba a las víctimas el derecho a la justicia, ejercía una atribución presidencial vulnerando las normas que la regulan, e interfería con las tareas del Poder Judicial. Más allá de las implicaciones jurídicas de esta arbitrariedad, el Presidente socavaba la dignidad de su cargo y restaba legitimidad a su mandato.
Es saludable, por lo dicho, que, en su reciente decisión sobre la inaplicabilidad del derecho de gracia a Alberto Fujimori, el Poder Judicial haya dado una señal de que las instituciones pueden actuar en defensa del Estado de Derecho cuando este es subvertido por las más altas autoridades. La Sala Pena Nacional de la Corte Suprema ha dictaminado que Fujimori puede ser juzgado por su participación en los homicidios cometidos por el Grupo Colina en Pativilca. Es decir, ha decidido que el escudo de impunidad que le quiso brindar Pedro Pablo Kuczynski a cambio de apoyo parlamentario para conservar su cargo, no se sostiene por una diversidad de razones. De entre ellas cabe destacar tres: que el derecho de gracia fue concedido sin respetar los plazos de instrucción requeridos para que un reo sea elegible para tal beneficio; que al tomar esta decisión arbitraria el Presidente denegaba el derecho a la justicia a las víctimas, y que la medida adoptada colisiona con las obligaciones internacionales del Estado peruano.
Más allá de los fundamentos jurídicos de esta decisión judicial, es importante situarla en un plano más amplio, el de su significado para la defensa de la institucionalidad democrática del país. Este fallo tiene lugar mientras está pendiente un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto otorgado a Fujimori Fujimori. La decisión sobre el inaplicable derecho de gracia se condice con lo señalado por diversas instituciones y expertos: que las decisiones del 24 de diciembre constituyen en conjunto un acto con profundas falencias jurídicas. Tan insostenible como el derecho de gracia es el indulto.
Es relevante, además, que esta primera descalificación judicial de las decisiones de Kuczynski provenga de una corte nacional, pues ello evidencia que no se trata de una presunta afectación a la soberanía del Estado, como sostienen falazmente los partidarios de la impunidad. De más está precisar que tampoco las decisiones de la Corte Interamericana constituyen una afectación de ese tipo, pues si el Estado peruano está sometido a su jurisdicción ello es, precisamente, por una decisión tomada soberanamente al recuperar la democracia a inicios de la década de 1980.
El caso Pativilica, por el que ahora podrá ser procesado judicialmente Alberto Fujimori, involucra el asesinato de seis ciudadanos por el Grupo Colina en el año 1992. Los familiares de las víctimas llevan 26 años esperando justicia. Que el presidente Kuczynski pretendiera denegársela y garantizar impunidad a Fujimori mediante una decisión tan insolvente legalmente como la del 24 de diciembre, resulta elocuente sobre la fragilidad de sus convicciones republicanas y democráticas. Es alentador que el Poder Judicial, poder del Estado tan legítimo como el Ejecutivo, haga respetar sus fueros y defienda la legalidad en el país.
