18/07/2014

Políticas públicas en DD.HH: el Plan Nacional

salomon_lerner_discursoEl respeto y garantía de los derechos humanos debe convertirse en una política de Estado. En 1993, en la Cumbre Mundial de Viena de Derechos Humanos, organizada por la Organización de las Naciones Unidas, se recomendó a los estados que establezcan políticas públicas para el cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales en materia de derechos fundamentales.  La comunidad internacional entendió que se requiere una visión transversal que involucre a todos los niveles de gobierno en torno a este tópico.

En 2005, el Perú adoptó su primer Plan Nacional de Derechos Humanos. Sin duda, la aprobación de un documento como este constituía un avance para nuestro país. Desafortunadamente, como ha demostrado una reciente investigación del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP), la implementación del Plan no estuvo a la altura de las circunstancias.

El pasado fin de semana, la actual administración promulgó el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos 2014 – 2016. Lo hace un gobierno que, en efecto, ha creado un viceministerio de Derechos Humanos para tratar de fortalecer los organismos estatales en torno a esta materia. Una sombra sin embargo empaña la aparición de esta norma: la presencia en el equipo ministerial de una persona investigada por  un crimen abominable en el contexto del combate del terrorismo.

En lo que concierne al Plan que reseñamos, ciertamente, hay elementos positivos que hay que rescatar.  De especial importancia son aquellos referidos a la educación que se debe impartir sobre el tema: consolidación de un sistema formativo sobre derechos fundamentales en todos los niveles educativos; capacitación de funcionarios públicos en temas de género, interculturalidad y otras calidades fundamentales que han de ser respetadas en todos los hombres, sin excepción.

Asimismo, es importante que el Estado proponga la incorporación del tema  de los Derechos Humanos en sus políticas y se ocupe de acciones adecuadas en torno a la seguridad ciudadana, la lucha contra la discriminación  y otros asuntos que antes eran examinados sólo desde un punto de vista “técnico”.

Sin embargo, el Plan también presenta algunas ausencias, sobre todo, en lo que respecta a políticas en favor de grupos especialmente vulnerables; entre ellos, las personas que sufren discapacidad y los pueblos indígenas en lo relativo a la consulta previa.  

Sobre las víctimas del conflicto armado interno, se recuperan algunas recomendaciones planteadas por la CVR, (plan de búsqueda de personas desaparecidas, el establecimiento de un Plan de Investigaciones Antropológico Forenses y garantía de  la preservación del acervo documentario de la Comisión).  Extraña sin embargo, que no haya alusión alguna al establecimiento de sitios de memoria por parte del Estado, la ausencia de indicadores vinculados a la judicialización de los casos presentados a partir de Informe Final de la CVR y que las medidas de reparación material ya  planteadas sean  diminutas.

De otra parte no se coloca ninguna palabra o política a favor de las personas con distinta orientación sexual, quienes vienen emprendiendo una larga lucha por el reconocimiento de derechos básicos. Lo mismo se puede decir en torno a las trabajadoras del hogar.

Se trata pues de un paso en la buena dirección y que es perfectible. Lástima que su credibilidad, como ya lo hemos señalado, se encuentre mellada por la presencia en el gobierno de una persona que se halla, objetivamente, cuestionada por un delito de lesa humanidad.

La República