05/04/2016

Un golpe de Estado que no debe volver a repetirse

LIMA, AUTOGOLPE DEL 5 DE ABRIL DE 1992 TANQUES EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA EL PRESIDENTE ALBERTO FUJIMORI ANUNCIA EN CADENA TELEVISIVA LA DISOLUCION DEL CONGRESO NACIONAL.  PERU_AUTOGOLPE_2001NOV12 OPSE_PERU_POLITICA_AUTOGOLPE DEL 5 DE ABRIL DE 1992_ALBERTO FUJIMORI_CONGRESO DE LA REPUBLICA_TANQUES_MILITARES 2002JUN22_AFDEl domingo 5 de abril de 1992, el entonces presidente Alberto Fujimori dio un golpe de Estado. Fueron cerrados el Congreso de la Republica, el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones democráticas. Los medios de comunicación fueron ocupados por las Fuerzas Armadas, varias personas fueron detenidas. La condena internacional fue casi unánime. Y si bien un grupo importante de peruanos consideró en aquel momento que fue una medida necesaria, hoy es recordada como una fecha ignominiosa en la historia nacional.

Más allá de las simpatías o antipatías que pueda generar el gobierno del expresidente, hoy encarcelado por delitos de lesa humanidad y confesos actos de corrupción, lo cierto es que esta fecha nos debe servir para recordar la importancia de la democracia. Sin ella, las libertades básicas no son respetadas, desde el derecho a la vida hasta la propiedad privada, pasando por los derechos de reunión y expresión. Si bien las acciones del Destacamento Colina comenzaron antes del golpe, fue en esta etapa donde ocurrieron otros graves hechos contra los derechos fundamentales de los peruanos y, sobre todo, se consagró la impunidad frente a los mismos. En años posteriores, se confiscaron o compraron medios de comunicación, se esterilizaron forzadamente a cientos de mujeres, se persiguieron opositores y se destituyeron a funcionarios honestos por cumplir con su deber.

Un gobierno autoritario supone que no existan controles frente a la actuación del gobernante, o que los mismos se perviertan. Como concluye el riguroso libro de Alfonso Quiroz, Historia de la Corrupción en el Perú, el régimen resultante del golpe y que culminó en noviembre del 2000 es uno de los que mayores costos le han generado al país por la comisión de delitos contra la administración pública. Nunca antes la república peruana pasó por la vergüenza de ver a altos mandos militares, policiales, propietarios de medios de comunicación, exministros, excongresistas y empresarios involucrados en videos que demostraron actos reñidos con la Ley. En términos generales, la justicia cumplió con su trabajo y varios de ellos siguen purgando cárcel hasta hoy, entre ellos, los dos principales responsables de la degeneración del sistema político peruano durante la última década del siglo XX.

Una autocracia supone la perversión de la Ley. En tiempos en donde se trata de esgrimir que “la Ley es la Ley” para dejar de lado a algunas postulaciones presidenciales, vale recordar como teníamos que convivir con “interpretaciones auténticas”, leyes de amnistía, normas dictadas durante la madrugada, sentencias redactadas en el Servicio de Inteligencia Nacional y el control del sistema de justicia.

Nada justifica una dictadura. Ni la pacificación del país – mérito de valerosos policías, militares, miembros de comités de autodefensa y civiles que cumplieron con su deber -, ni el modelo económico – dado que crecimos a mayores tasas y en forma sostenida en democracia -, ni cualquier obra de infraestructura o bien social. Los gobiernos no democráticos deben ser rechazados en todo momento, sea cual fuere el signo ideológico que tengan o las simpatías que un sector de la sociedad pueda tener hacia ellos.

Que hoy, 5 de abril, recordemos lo que nuestro país nunca más debe vivir.

Escribe: José Alejandro Godoy, asistente de prensa del IDEHPUCP

(Foto: El Comercio)

(05.04.2016)