Esta campaña fue ideada en Huancayo y se ha propagado rápidamente por todo el Perú a través de las redes sociales. Se difunde por doquier la sensación de que no existe un riguroso compromiso gubernamental con las políticas de seguridad ciudadana; que la policía, los fiscales y los jueces no hacen su trabajo, y que los ciudadanos se hallan solos a merced del crimen. Resulta claro que se trata de una generalización cuestionable, pero ella sirve de justificación para este fenómeno que, además, es explotado por un sector de los medios de comunicación que practican un sensacionalismo que alimenta con sentimientos destructivos a las personas menos instruidas de nuestra sociedad. La actitud negativa que denunciamos se ha instalado velozmente en la consciencia de algunas personas y ya hay vecinos que extienden banderolas en las que alertan a los delincuentes de que ellos no avisarán a las autoridades y procederán a administrar “justicia” por sus propios medios.
Resulta obvio lo peligroso que es alentar la violencia y la barbarie. Cuando se silencia la voz de la legalidad, se deja espacio a la arbitrariedad y al brutal uso de la fuerza. Incluso los criminales tienen derecho a un debido proceso. Nadie es suficientemente vil como para no ser identificado como un sujeto de derechos. Debemos combatir y prevenir la delincuencia común, pero no al precio de practicar el linchamiento y vulnerar la ley.
Promover la creencia en el imperio del miedo y la inseguridad solo beneficia a aquellos que, en el contexto de una contienda electoral, prometen “orden y mano dura”. Sacar a las fuerzas armadas para patrullar las calles y diseñar normas que amparen el castigo por mano propia, tiene consecuencias perniciosas en cuanto a la defensa de derechos básicos y a una mirada honesta al tema de la seguridad pública. Sin embargo hay políticos que pretenden darle a la gente lo que esta quiere escuchar, en lugar de instruirlos sobre los graves peligros de esas iniciativas.
El remedio resulta a todas luces peor que la enfermedad. Crear la sensación de que la tarea de proteger a las personas descansa en la propia capacidad de ellas y que no es necesario coordinar con las autoridades para la aplicación de la ley, puede conducirnos a una situación de caos y desajuste social expresado en la costosa pérdida de vidas humanas.
No debemos ceder y sobreponer los instintos a la razón; no es la violencia el camino que conduce a un combate exitoso frente a la delincuencia y a la violencia que le es inherente. Tomemos todos conciencia de que existe la ley y que ella debe ser aplicada. Alejémonos por tanto del discurso fácil de quienes –en forma cínica y deshonesta– pretenden ganar réditos políticos haciéndose los portavoces de la represión abusiva y la “justicia” popular.
