En un panorama como este, temas «espinosos» como la lucha por el reconocimiento a las víctimas del conflicto armado, las reparaciones y los espacios de memoria son poco o nada debatidos. Si bien son los gobiernos locales y regionales los llamados a implementar parte de las reparaciones a las víctimas de la violencia, contribuir con contenidos educativos que respeten los derechos humanos y restituir ciudadanía y respaldar las iniciativas y acciones de sus poblaciones; son, justamente, estos los temas «invisibles» en el debate electoral. Y es, tal vez, que la construcción de ciudadanía nos es percibida como una tarea que les corresponda a nuestras autoridades estatales; tan importantes como las vías de comunicación o la infraestructura pública, se encuentra la defensa y promoción de nuestros derechos.
En medio de esta campaña de sonrisas, slogans y símbolos, actos como los del pasado 26 de agosto en Ayacucho llaman nuestra atención y devuelven seriedad a la coyuntura. Bajo la organización de la congresista María Soledad Pérez Tello, la Defensoría del Pueblo, el Movimiento por los DD.HH. de Ayacucho y COMISEDH, se llevó a cabo la suscripción de un acta en la que siete de 10 candidatos a la Presidencia Regional de Ayacucho se comprometían a poner en agenda diversos temas de derechos humanos.
Más allá de las diferencias partidarias, todos los candidatos resaltaron la importancia que tendrían diversos temas como el Plan Regional de Reparaciones, la construcción del Santuario de la Memoria de La Hoyada o la búsqueda de los desaparecidos para sus gestiones, en caso de ser elegidos. Así, se da una apuesta por la institucionalización de los derechos humanos en el gobierno regional, reconociendo su importancia como marco para el correcto desarrollo de Ayacucho, como instrumentos que debe acompañar el enfoque político —y de políticas públicas de diversas índoles— a la región.
Entre los acuerdos tomados, me gustaría resaltar el del compromiso por la construcción de Santuario de la Memoria de La Hoyada. Esta ha sido una demanda de las organizaciones de víctimas de la región por más de veinte años, que en los últimos meses ha visto progresivos avances hacia su materialización[1] y que, en actos como el aquí descrito, va fortaleciéndose y cobrando importancia. Así, las batallas por la memoria serán un compromiso del futuro presidente regional pues, más allá de la suscripción del acta, de salir elegido alguno de los candidatos que no estuvieron presentes aquel día, existirá un precedente con el cual la sociedad civil y los ciudadanos podamos vigilar y exigir lo que consideramos importante para la región. El compromiso hacia el santuario de La Hoyada es un hito importante pues permite que una iniciativa asumida por la actual gestión regional tenga continuidad como política pública. La Hoyada pasa de ser un tema de gobierno a un tema regional que transcenderá las posturas políticas particulares y creará institucionalidad por la memoria en Ayacucho.
Como compromiso electoral, el denominado “Acuerdo por los derechos humanos de Ayacucho” abre las puertas a una nueva forma de ver la política regional pues resalta la importancia que la restitución de ciudadanía tendrá en la agenda pública regional. Más allá de palabras y gestos de interés —más allá de las fotos sonrientes—, los acuerdos electorales brindan al ciudadano común luces sobre la postula de su candidato pues permite que los que —espero— esté expuesto en el plan de gobierno salte del papel a la esfera pública y otorgue instrumentos de fiscalización a los ciudadanos.
Escribe: Mario Cépeda, investigador del IDEHPUCP
