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Opinión 23 de septiembre de 2016

Las negociaciones realizadas en La Habana han supuesto un complejo ejercicio de concesiones mutuas que apuntan a llegar a un cese al fuego que exprese la incorporación plena de las FARC a la vida política colombiana y ello en forma tal que se evite –como ocurriera en el pasado– el aniquilamiento de quienes dejan las armas. Al mismo tiempo, los colombianos se pronunciarán sobre las garantías fundamentales que permitan el conocimiento de la verdad de tanto dolor en tantos años y para ello sobre la creación de un grupo de trabajo encargado de esclarecer las graves violaciones de derechos humanos cometidas a lo largo de los años. Asimismo, el Estado habrá de comprometerse a ejecutar políticas públicas vinculadas al campo, ello en un país donde no se hizo una reforma agraria y donde las diferencias entre el mundo rural y el citadino se encuentran en la base del conflicto que se ha experimentado. Y todo lo dicho será acompañado de un enérgico enfrentamiento al narcotráfico, sin que ello signifique violación de los derechos humanos.

De lo señalado, quizás la cuestión más compleja tenga que ver con la justicia. Por un lado, porque el Estado colombiano se encuentra comprometido con las normas internacionales sobre la materia, que prevén que los delitos más graves sean sancionados, aunque, en algunos casos, con penas de cárcel menores a las que se podrían imponer en otro contexto. Y por otra parte, porque supondrá una “amnistía” para lo que se entienda como “delitos políticos” y algunos crímenes conexos, lo que implicará, de todas maneras, que algunos de los delitos cometidos no sean procesados. Sea como fuere, la tensión entre justicia y perdón ha supuesto un arreglo que no olvide sin embargo que existen conductas que, por su gravedad, no pueden ser exceptuadas de pena.

Las últimas encuestas señalan que la mayoría de colombianos son favorables a la ratificación de los Acuerdos de Paz. Ello a pesar de una fuerte campaña en contra encabezada por el ex presidente Uribe, quien considera que la única forma de obtener la paz es mediante la rendición incondicional de las FARC. Tal postura implicaría prolongar el conflicto por la vía militar, de difícil conquista, renunciando a la posibilidad de llegar a un entendimiento entre compatriotas por vías pacíficas.

El mayor desafío para Colombia se encuentra en comprender y vivir la paz. Aunque resulta bastante probable que los Acuerdos sean ratificados, el reto para los colombianos estará en poder entender que, luego de dos siglos como nación independiente, la mejor forma de resolver las diferencias se encuentra dentro del ámbito de la política, lejos del recurso a las armas y a la violencia que provoca el enfrentamiento entre compatriotas vulnerando así derechos fundamentales.

Solemos hablar de justicia transicional. Ella de pronto aparece como la única salida que queda para acabar con el ruido de las armas. Que la paz llegue y sea duradera para nuestros hermanos colombianos.

Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, para La República

(23.09.2016)