Era el primer día de clase y, pese a encontrarse en un horario difícil, teníamos muchas expectativas sobre el nuevo curso que llevaríamos, ya que la discapacidad no es un tema muy abordado en el Perú, salvo que involucre algún mensaje de superación o benevolencia. Los profesores empezaron a explicarnos la dinámica, cómo nos asignarían los casos y, mediante una serie de preguntas, nos aproximaron hacia el terreno sinuoso que conlleva resolver cuestiones vinculadas a la discapacidad y todos sus dilemas éticos: ¿tendrían una relación sentimental con una persona con discapacidad?, ¿permitirían que una persona con síndrome de Down cuide a uno de sus hijos?, ¿Contratarían a una persona con esquizofrenia como practicante en un estudio de abogados?, entre otras interrogantes que obtuvieron contundentes respuestas negativas, pero que irían cambiando al transcurrir el semestre, circunstancias que quizá algunos lectores no consideren esenciales para un estudiante de Derecho, pero que por el contrario son trascendentes si entendemos el Derecho como instrumento para regular la convivencia idónea en una sociedad que da a cada quien lo que le corresponde, busca el desarrollo integral de todos sus habitantes e incluye sobre todo a aquellas minorías que históricamente han sido excluidas.
Conocimos un nuevo paradigma, el modelo social instaurado por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que sostiene que una persona se haya en situación de discapacidad cuando posee una deficiencia y existe una barrera que le impide desempeñarse en igualdad de condiciones que las demás. Así, un individuo ciego dejaría de ser persona con discapacidad si pudiera acceder a textos en braille, una persona con discapacidad psicosocial podría encontrar un trabajo si no se la asumiera como peligrosa, y un joven con discapacidad intelectual podría asumir patria potestad si tuviera un apoyo que lo ayude a forjar su propia voluntad.
Tras el impacto de la primera jornada, los maestros establecieron los equipos de trabajo y los procesos que cada cual debería resolver. Nosotras obtuvimos el caso de Graciela Jiménez, una estudiante universitaria con discapacidad auditiva parcial, quien fue retirada de Estudios Generales Letras por haber desaprobado más de siete asignaturas.
El tema implicó un fuerte debate entre ambas, puesto que sabíamos que la discapacidad por sí sola no justificaba que un alumno repruebe una materia; no obstante, necesitábamos investigar las razones por las cuales Graciela recurrió a la Clínica. Nos entrevistamos con ella y, luego de contarnos que ya había enviado su carta de reincorporación, nos explicó que su discapacidad había sido detectada tardíamente, lo que significó que cayera en una profunda depresión y que no solicitara ajustes porque aún se encontraba en una etapa de negación. Evidentemente, aunque su testimonio era importante, no era suficiente para abogar por su reposición, por ello decidimos entrevistarnos con el decano de la facultad, Pablo Quintanilla, ya que nos pareció extraño que, aunque ella no informó a los docentes de su condición, la Oficina Central de Admisión no haya remitido a Letras su ingreso, pues la institución posee deber de garante en cuestiones de accesibilidad y debe velar porque todos sus alumnos puedan cursar sus estudios sin inconvenientes.
Conseguir una cita con el decano fue difícil, pero afortunadamente la defensora universitaria nos ayudó y con una llamada pactó la entrevista. Así logramos hablar con el doctor Quintanilla, quien se mostró bastante sorprendido, pues aseguró que la secretaria académica suele contactar a los alumnos con discapacidad ingresantes, y, nos manifestó que, aunque no podía adelantar resultados, era muy probable que la joven fuera reintegrada. Su afirmación se confirmaría un mes después, detallada por Graciela en un correo en el que nos contó su alegría por haber recuperado la condición de estudiante.
El mensaje nos hizo muy felices, pero también nos recordó que aún hay un largo camino y bastantes tareas por hacer: es necesario generar mecanismos que supervisen que la comunicación entre la Oficina Central de Admisión y las Secretarias Académicas de las facultades sea eficiente; es necesario también crear un mecanismo similar en el tránsito de Estudios Generales a facultades; y resulta imprescindible empoderar a los alumnos con discapacidad, como Graciela, para que determinen cuáles serán los ajustes razonables que requerirán para desenvolverse sin dificultades durante su vida académica. El caso nos hizo reflexionar acerca de la necesidad de seguir demandando una real educación inclusiva que no se lea solo en el papel, sino que se funde en la práctica, como un derecho que corresponde a cualquier ser humano. Además, cada clase, cada lectura y cada pregunta durante el ciclo nos hizo descubrir que la discapacidad no es un tema sencillo, que el Derecho ha sido construido excluyendo a gran parte de la sociedad y que en ocasiones no es la ley por sí misma la que hace falta, sino abandonar el estigma; las barreras no se salvan con una ley de educación para todos o con la abolición de la interdicción, sino empezando a reconocer que existe gente diversa y que toda decisión es válida.
Si eres alumno de la Facultad de Derecho y quieres vivir esta experiencia, puedes inscribirte en el curso Clínica Jurídica de Acciones de Interés Público (DER-260), en el horario 1703, sección Derechos Humanos. Se dictará los lunes de 6:00 a 9:00 p.m. y está a cargo de Renata Bregaglio, profesora del Departamento de Derecho e investigadora del IDEHPUCP.
