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Opinión 28 de agosto de 2014

En 2005, la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial y el Instituto de Medicina Legal, reiniciaron la investigación y posteriormente, entre 2008 y 2011, el proceso judicial incorpora exhumaciones que permiten identificar fosas individuales y colectivas que contenían restos de más de 109 personas. Se encontró un “horno”, un tanque de combustible y tuberías PVC con cables eléctricos, tubos galvanizados y otros elementos que habrían servido para el almacenamiento, trasporte y alimentación de combustible para incinerar a los detenidos.

De ese horno, que antes emanaba fuego, hoy puede salir agua. Según la propuesta del Santuario La Hoyada que se aprobó en la tercera mesa de diálogo promovida por el MINJUS con la participación de la ANFASEP, las organizaciones de derechos humanos y el Gobierno Regional de Ayacucho, se planea convertir ese horno en una fuente de agua para “traer vida”: resignificar el terreno baldío, la tierra que esconde los sentidos y los relatos de los desaparecidos; dar otro sentido al dolor para traer al presente el recuerdo de aquellos peruanos que ya no están entre nosotros. El Idehpucp y Shicras (estudio de arquitectos egresados de la PUCP), conforman el equipo técnico de la ANFASEP. La Defensoría del Pueblo participa como vigilante de los acuerdos.

No ha sido un proceso fácil arribar a un consenso entre el Estado y la sociedad civil, ha sido un camino de búsqueda de justicia y reparación, pero sobre todo de diálogo honesto. Y es que, luego de catorce años de culminado el conflicto, la lucha por la memoria de las víctimas sigue siendo un eje trascendental en el proceso de hacer justicia en el Perú. En ese sentido, la aparición de sitios de memoria como espacios físicos y/o simbólicos, en algunos casos motivados por los familiares de las víctimas, en otros, por instituciones o artistas, constituyen la expresión de una memoria viva, que se construye a partir del vínculo con el pasado que no solo reconozca y recuerde a las personas desparecidas sino que se convierta también en un mecanismo de sanación para las víctimas.

Como recordaba Adelina García, presidenta de la ANFASEP: “…esta pampa es para nosotros, un sitio sagrado donde las personas desparecidas han derramado su sangre…Seguimos esperando justicia, ¿por qué será? Porque nosotras hablamos nuestra quechua, de repente porque somos del campo”. La respuesta de Adelina resuena hoy en el silencio de La Hoyada y remece. Su fuerza proviene de la lucha emprendida por la ANFASEP en la búsqueda de justicia pero sobre todo de dignidad, que ahora parece que empieza a ser reconocida por el Estado peruano.

Escribe: Iris Jave, coordinadora de Relaciones Institucionales y Proyectos del IDEHPUCP. Publicado en Punto Edu. 


[1] COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. “Desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales en la base militar Los Cabitos (1983-1985)”. En Informe Final. Lima: CVR, Tomo VII, 2003, pp. 71-87.

[2] Terreno intermedio entre el penal de máxima seguridad “Yanamilla” y el Cuartel “Los Cabitos”.