En defensa de la ciudad

En nuestro país constituye moneda corriente que la autoridad electa desconozca lo avanzado por quien le antecedió y proceda, en lo posible,  a desmontar y desacreditar las políticas implementadas en la gestión anterior. Con honrosas excepciones, las políticas públicas no tienen pues continuidad y responden, las más de las veces, al capricho de la autoridad de turno. 

Es por ello que no sorprende demasiado la actitud tomada por las nuevas –y a la vez, antiguas– autoridades de la ciudad de Lima respecto de las reformas emprendidas por la gestión de Susana Villarán.  Más allá de los errores políticos  que pudiera haber cometido la anterior alcaldesa y su equipo de trabajo, no puede negarse que existió en ellos un real compromiso con el trato de temas que no habían sido abordados por anteriores burgomaestres: el ordenamiento del comercio mayorista de alimentos;  el inicio de una reforma del transporte público y una política cultural que  buscaba transformar la visión que tienen los limeños sobre sí mismos. 

Lamentablemente, en muy pocos meses, la gestión del señor Luis Castañeda ya  ha desmontado intentos de reforma, sobre todo en torno a los temas del transporte y la cultura. Prueba al canto: despidos de trabajadores vinculados a estas áreas, ordenanzas que deforman lo avanzado, respuestas políticas destempladas –cuando no se opta por el silencio–  frente a las críticas, y la obsecuencia de un Concejo Metropolitano en el que posee mayoría el alcalde.  

Estamos lejos de condenar  la realización de obras que impliquen fierro y cemento en beneficio de la ciudad. Existe la necesidad de solucionar el déficit de infraestructura en Lima.  Pero ello debe inscribirse dentro de una visión que  reconozca también otros asuntos como necesarios.  Frente a ello hemos de decir que el alcalde ha optado –de nuevo– por el silencio acompañado ahora de la sordera.  Su actitud muestra  que no desea asumir ciertas responsabilidades frente a la vida de la ciudad y que  se reafirma en el rechazo para trabajar en el ámbito de la cultura, la cual pareciera le suena a  palabra soez.

De otro lado es fundamental anotar que la ciudad requiere de transparencia y probidad en el uso de  fondos públicos. Frente a ello, la actual administración  pareciera preferir una política de comunicaciones que se centre en la figura del alcalde, quien parece priorizar como tarea denostar a la persona que lo antecedió en el cargo, propiciando así  una calculada ambigüedad  en torno a los  gastos, los que ahora apuntarían,  aparentemente  de modo prioritario, a subrayar quien ocupa la alcaldía y cuál es su color favorito. No nos referimos ahora a hechos  irregulares que debieron ser esclarecidos y que se hallan presentes de modo indeleble en el pasado de nuestro alcalde.  Lo que sí anotamos es que él debe mostrar más respeto  por los habitantes de la capital y por tanto desarrollar una gestión  que sea transparente, entendiendo que Lima existirá más allá de los cuatro años de su mandato y que las  necesidades de la capital en  infraestructura, orden y cultura son obligaciones permanentes que no pueden ser desdeñadas.  

Cada vez parece más claro pues que es una urgencia que seamos los propios limeños,  que queremos a nuestra ciudad, quienes recordemos que solo a través de una administración inteligente y honesta podremos avanzar para que, alguna vez, Lima sea la ciudad amigable y culta que permita la mejor convivencia  entre sus habitantes.

La República