De acuerdo con la información entregada por estas instancias estatales, existen diversos indicios que apuntan a la conexión entre esta organización y Florindo Flores Hala, líder de la facción de Sendero Luminoso en el Huallaga, quien habría financiado las actividades de esta organización. Para arribar a esta conclusión, se han empleado un conjunto de atribuciones para la investigación que se encuentran dentro del marco jurídico vigente, consiguiendo un conjunto de pruebas destinadas a la apertura de proceso contra 34 dirigentes y militantes del MOVADEF. Cabe anotar que se ha respetado al debido proceso dentro de los estándares nacionales e internacionales.
La actuación policial y fiscal ha seguido, en forma eficiente, las lecciones aprendidas de las décadas de 1980 y 1990. Se ha construido un caso a partir del empleo de la colaboración eficaz, las declaraciones de testigos clave, la interceptación telefónica ordenada por el Poder Judicial, las requisas en diversos establecimientos penales y otros elementos propios de la investigación criminal. Con ello, se ha logrado evitar dos peligros: de un lado, la lenidad frente al terrorismo y, del otro, la vulneración de garantías fundamentales para el procesamiento de estas personas. Estas dos situaciones hicieron peligrar la adecuada defensa del Estado frente a las organizaciones subversivas en años anteriores.
Con esta importante acción policial y fiscal, el Estado ha logrado desarticular uno de los últimos espacios de lo que quedaba del viejo Sendero Luminoso subordinado a la actuación de Abimael Guzmán. Y es que, no hay que olvidarlo, el MOVADEF responde a la línea directa del fundador de la más cruenta agrupación subversiva del continente, que propone una “amnistía general” como cierre de “los problemas derivados de la guerra”.
Cabe recordar que una amnistía a miembros de Sendero Luminoso y del denominado Movimiento Túpac Amaru – así como para agentes del Estado – por los delitos cometidos en el marco del conflicto armado interno que vivió el país entre 1980 y 2000 es imposible. La Comisión de la Verdad y Reconciliación calificó a varias de sus acciones como graves violaciones a los derechos humanos, infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Estos tipos de conductas, de acuerdo con jurisprudencia internacional desarrollada durante los últimos 15 años, no son susceptibles de ser amnistiadas, dado que son aquellas que merecen el rechazo unánime de la comunidad internacional y su daño tanto a las víctimas como a la humanidad en su conjunto.
Asimismo, desde el punto de vista ético, la CVR consideró como inaceptable tanto la propuesta de amnistía, en un país donde la justicia es una tarea pendiente, como la subsistencia de Sendero Luminoso dentro del sistema democrático, dado que no ha renunciado a una ideología fundamentalista ni ha asumido la responsabilidad por los crímenes cometidos. Este último razonamiento fue aplicado por el Jurado Nacional de Elecciones, cuando rechazó la inscripción del MOVADEF como partido político en 2012.
Sin embargo, la derrota final del MOVADEF no se concreta, única y exclusivamente, en términos estrictamente policiales y legales, sin dejar de lado estos elementos. Si bien la mayoría de sus líderes han sido detenidos y la organización no podrá participar en las próximas elecciones, existen dos peligros a enfrentar: de un lado, la existencia de un núcleo de jóvenes que se han adherido a esta agrupación, confiando en que las ideas que plantea – desde un fundamentalismo inaceptable – podrán cerrar las brechas de pobreza del país, desconociendo el horror que Sendero Luminoso causó en buena parte del territorio nacional; de otro lado, con la presencia de candidatos del MOVADEF en otras agrupaciones, sobre todo, a nivel provincial y distrital.
En torno al primer reto, desde diversos sectores se reclama por la enseñanza del periodo de violencia que vivió el país a finales del siglo XX. Sin embargo, cuando se plantea que el texto base para ello debe ser el documento oficial del Estado sobre la materia, es decir, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, buena parte de la clase política reacciona en forma negativa. Esta reacción se produce, en parte, por desconocimiento, pero también refleja la pobre autocrítica que los grupos políticos tienen hacia la actuación que tuvieron durante el lapso de tiempo más duro para la vida democrática del país, así como un malentendido espíritu de cuerpo que busca “proteger” a los miembros de las fuerzas del orden que cometieron graves crímenes en el marco del combate a la subversión y el terrorismo. La CVR condena claramente al senderismo, pero también es claro en señalar las responsabilidades que, desde el Estado, se tuvo para enfrentar el conflicto.
Asimismo, la formación en ciudadanía, que abarca el periodo de violencia, no puede ser una mera enumeración de hechos y personajes, en forma repetitiva, sin explorar críticamente el periodo 1980 – 2000. Debe recuperarse la escuela como espacio crítico, en el que el docente no se convierta en un reproductor de prácticas autoritarias en la que el aprendizaje se convierta única y exclusivamente en la transmisión de un solo texto o en la visión del docente, sin que los alumnos planteen preguntas y críticas. Asimismo, se requiere recuperar a la universidad pública – principal centro de captación de los militantes jóvenes del MOVADEF – como un espacio de calidad y diversidad pues, ante la ausencia de una política universitaria coherente, las ideologías dogmáticas tienen todo el terreno libre para crecer. El informe final de la CVR, así como el Proyecto Educativo Nacional y algunos de los documentos puestos en debate durante la discusión de la Ley Universitaria, apuntan en esta línea.
En cuanto al segundo peligro, resulta necesario que los partidos políticos apliquen filtros claros para la aprobación de sus candidatos. Aquí incluimos también a los movimientos regionales y locales. Desafortunadamente, con honrosas excepciones, la selección de postulantes a cargos de elección popular resulta ser un ejercicio formal donde las listas son definidas desde un comité central en Lima o en una capital de departamento y en la que no se confrontan trayectorias, sino donde prima la sujeción al líder nacional o local, o la cantidad de dinero que se coloque para la campaña electoral. Aquí los organismos electorales deben ser más estrictos en el cumplimiento de las normas ya existentes. Pero también le cabe una responsabilidad al ciudadano para informarse adecuadamente sobre los candidatos entre los que deberá elegir a sus representantes.
La derrota militar de Sendero Luminoso fue producto de una eficiente actuación de inteligencia policial, acciones militares y actuación de los comités de autodefensa. Y cuando se tuvo que volver a procesar a la cúpula de esta organización, se hizo con aplicación estricta de la ley, consiguiendo la imposición de altas condenas. La victoria final sobre el terrorismo implica inteligencia, apego a la legalidad, decisión política, respeto a los derechos humanos y mejor formación ciudadana. Empeño que este y los siguientes gobiernos no deben dejar de emprender.
Escribe: José Alejandro Godoy, asistente de prensa del IDEHPUCP
