Escribe: Alberto Castro. PHD (*)
La conclusión del mandato del período constitucional del actual Defensor del Pueblo hace necesario relevar la importancia que tiene la Defensoría para la vigencia del Estado de derecho, el buen gobierno y la defensa de los derechos fundamentales, así como reflexionar sobre los retos que se le presentan en el contexto de grave crisis institucional por la que atraviesa el país.
La figura del ombudsman surge en Europa para brindar protección a los ciudadanos como un mecanismo flexible de atención de quejas ante casos de mala administración. En nuestro continente, su adopción respondió a la necesidad de consolidar las jóvenes democracias latinoamericanas y el respeto de los derechos fundamentales. La particularidad de su diseño constitucional es una de sus grandes fortalezas ya que es, en el ejercicio de la “magistratura de la persuasión e integridad pública” (no emite decisiones vinculantes), que emana la autoridad que hace que los funcionarios corrijan su actuación. Hoy la institución tiene un doble mandato: proteger los derechos humanos y garantizar una buena administración.
Desde el inicio de sus funciones en abril de 1996, pueden distinguirse cuatro etapas en la vida de la Defensoría. Con Jorge Santistevan de Noriega, como primer Defensor del Pueblo, en la que se privilegió la defensa de los derechos y libertades fundamentales. Con Walter Albán, caracterizada por un rol más activo en la defensa de los derechos económicos y sociales, y la promoción de la transparencia. Con Beatriz Merino, donde el énfasis estuvo en la supervisión de políticas públicas, la prevención de la corrupción y el monitoreo de los conflictos sociales; líneas de actuación seguidas por Eduardo Vega que además fortaleció la organización interna de la entidad. Y con Walter Gutiérrez se ha puesto énfasis en la supervisión de la prestación de los servicios públicos y de vigilancia durante la pandemia por el Covid-19.
La Defensoría debe desarrollar un conjunto de estándares de calidad para orientar la toma de decisiones públicas y fortalecer su rol preventivo implementando un “Ranking de la Burocracia” para monitorear cómo se atiende a la población.
¿Qué líneas de intervención debe priorizar la Defensoría del Pueblo en una nueva etapa? En mi opinión: 1) defender los derechos de la población víctima de exclusión producto de la pobreza y discriminación y 2) promover el buen gobierno. La Defensoría debe llegar donde el Estado no llega y estar más cerca de los ciudadanos trabajando con las organizaciones sociales de base empoderándolas para salir de la pobreza mediante el acceso a servicios de calidad y el goce de sus derechos. El buen gobierno contribuye a este fin con reglas transparentes para establecer, por ejemplo, cómo adquirir medicamentos a un menor costo, detectar casos de corrupción y brindar servicios de salud de calidad. Las defensorías del pueblo contemporáneas promueven el buen gobierno proponiendo reglas que le permitan al Estado cumplir con sus objetivos, supervisando cómo se implementan y midiendo su impacto. En este sentido, la Defensoría debe desarrollar un conjunto de estándares de calidad para orientar la toma de decisiones públicas y fortalecer su rol preventivo implementando un “Ranking de la Burocracia” para monitorear cómo se atiende a la población. También debe implementar una base de datos abiertos en materia de derechos humanos para que la ciudadanía participe activamente en la vigilancia social. La Defensoría debe impulsar su gobernanza digital para modernizar su sistema de atención de quejas. Asimismo, reforzar su rol educativo haciendo uso de la tecnología para promover en los jóvenes tanto el respeto de los valores democráticos y de los derechos humanos, como para desarrollar sus capacidades individuales y colectivas. Debe impulsar procesos en la región Iberoamericana para la atención de problemas comunes que afectan la vigencia de los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, migrantes, entre otros.
En el Perú y en el mundo la Defensoría del Pueblo es una institución fundamental para la vigencia del Estado de derecho y el equilibrio de poderes. Tiene un rol preponderante allí donde las formas tradicionales de control afrontan una crisis de legitimidad. Es entonces que se yergue en defensa de los derechos y libertades fundamentales como fuente de control adicional al ejercicio del poder. Pero sobre todo la Defensoría promueve el diálogo, la búsqueda de consensos y el respeto de la institucionalidad democrática, aportando soluciones como un “colaborador crítico” a través de sus recomendaciones para garantizar un buen gobierno a favor de los ciudadanos, en particular los más necesitados.
(*) Coordinador del Programa de Segunda Especialidad (PSE) en Derecho Público y Buen Gobierno de la PUCP. Autor del libro “Principios de buen gobierno y la Defensoría del Pueblo”
