Como bien señaló hace algunos años Carlos Iván Degregori, en nuestro país vivimos “batallas por la memoria” sobre el conflicto armado interno que vivió nuestro país entre 1980 y 2000.
Existen quienes esgrimen una “memoria de salvación”, en la que la derrota de Sendero Luminoso y el MRTA únicamente se debe a los miembros de las Fuerzas Armadas. Por tanto, cualquier vulneración a los derechos humanos cometida por agentes del Estado debe ser considerada como un “exceso” – en el mejor de los casos – o como un “costo a pagar por la pacificación” – en sus exponentes más extremos -. Variaciones de este tipo de memoria atribuyen exclusivamente al marxismo la causa de la violencia en el Perú o atribuyen el mérito de la paz al condenado ex gobernante Alberto Fujimori.
Frente a esta visión simplista del periodo de violencia, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en estricto cumplimiento del mandato que le fuera conferido por el Estado peruano, planteó una “memoria de reconciliación”. En base a los hechos investigados, la CVR concluyó que el principal responsable de lo ocurrido durante el conflicto fue Sendero Luminoso. Si bien señala que la causa principal de la confrontación armada fue la decisión de esta agrupación subversiva y terrorista de alzarse en armas contra la democracia, así como condena claramente su ideología fundamentalista, señala claramente que SL aprovechó procesos de modernización inacabados y brechas sociales históricas para extender la violencia. Se reconoce el heroísmo de miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales, pero también se es contundente en señalar que hubo integrantes de las fuerzas del orden que vulneraron derechos fundamentales. Y la pacificación no se atribuye a un solo actor, sino a un conjunto de factores que confluyeron en la derrota militar de las organizaciones subversivas y terroristas.
Es claro que quienes proponen una “memoria de salvación” buscan una mirada poco reflexiva sobre lo que nos ocurrió. Buscan, antes que una saludable discusión crítica sobre lo que nos pasó, elaborar una historia donde únicamente se contemple una victoria militar. En el que aquellos elementos sociales que se encontraban en la base de la extensión del conflicto queden invisibilizados por una condena macartista a toda la izquierda. Y en el que cualquier alusión a las acciones cometidas por oficiales y suboficiales de las fuerzas del orden sea proscrita.
Esta última visión es la que se busca imponer en las escuelas peruanas, como ha quedado patente en una serie de reportajes que han alertado sobre la forma errática en la que se han hecho consultas en el Ministerio de Educación sobre textos escolares que abordan esta etapa de nuestra historia. Y resulta pertinente alertar al propio Estado peruano que, siendo el Informe Final de la CVR un documento oficial, debe ser la base de la discusión sobre este periodo difícil de la vida peruana.
No planteamos totemizar el Informe Final. Pretendemos que su discusión crítica en las aulas ayude a los alumnos a comprender las causas y los efectos de lo que fue una tragedia. Ciertamente, el Estado y la sociedad peruana sobrevivieron a la misma, pero lo hicieron a pesar de muchas de las acciones de sus integrantes. Y es sobre ello que resulta imperativo, junto con historias de valor y de coraje, plantear una enseñanza sobre la vida nacional que, más allá de estampas castrenses, busque confrontarnos con lo que fuimos y debemos dejar de ser.
