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Opinión 10 de abril de 2018

Con César Villanueva en la PCM y Salvador Heresi en Justicia, resulta claro que no nos espera algo muy diferente de lo presenciado hasta ahora.

Durante la última semana hubo quienes expresaron esperanzas en que el gobierno de Martín Vizcarra representara un cambio. Se soñaba con una restauración de cierto talante cívico o republicano en nuestra política. Quienes así pensaban ya se pueden declarar desengañados. Si el nuevo gabinete es un indicio –ciertamente, lo es–, resulta claro que no nos espera algo muy diferente de lo presenciado hasta ahora.

Desde luego, una revisión de nombre por nombre revelará en el nuevo gabinete a dos o tres personas portadoras de solvencia ética, ideales democráticos y espíritu inclusivo. Pero ya hemos visto antes esta dinámica: la composición de gabinetes con una cuota democrática y honesta, la cual es pronto marginada o sacrificada en aras de lo que erróneamente se denomina realismo político, que en realidad es un eufemismo para nombrar al cinismo.

La nota clave en esta partitura está dada por la decisión de origen, es decir, el encumbramiento en la Presidencia del Consejo de Ministros de alguien que procede de la organización política del excandidato César Acuña. Ya durante la campaña electoral hubo ocasión de conocer el mar de irregularidades en que navegaba su candidatura. La reciente minicumbre entre Acuña y Joaquín Ramírez reafirma los presagios sombríos. Cabe preguntarse, por tanto, qué tan sólidas pueden ser las credenciales cívicas de alguien que llega al Congreso de la República como parte de dicho proyecto político.

Lo dicho podría sonar especulativo y aventurado a quienes creyeron en las vagas promesas de regeneración enunciadas por Vizcarra en el parlamento. Pero si el origen político del nuevo primer ministro no bastase para captar la situación con realismo, debería ser suficiente reparar en la elección del nuevo ministro de Justicia.

Salvador Heresi, alguien conocido por sus vínculos con Alex Kouri y Félix Moreno, turbios personajes de la política de El Callao, reemplaza ahora al exministro Enrique Mendoza, quien fue puesto en ese cargo para que validara el irregular indulto a Alberto Fujimori. Heresi ha sido también un promotor de dicho indulto que fue una burla a las víctimas y un fraude contra el Estado de Derecho. Y quien hurgue superficialmente en su historia política hallará su nombre repetidamente asociado a investigaciones por malos manejos económicos.

La composición del gabinete recién anunciada, por lo demás, no hace más que redondear una oscura premonición, la que motivó el propio presidente Vizcarra al avalar una ley que pone al Congreso de la República fuera del alcance de la fiscalización de la Contraloría General al permitirle nombrar a su propio contralor. Quien recuerde que en el primer año del actual Congreso hubo una compra irregular de casi 1.000 computadoras por S/5 millones, y que eso quedó en la impunidad, podrá intuir la magnitud de este despropósito.

En resumen, no hay lugar para jugar al juego de las ilusiones fáciles. Hay que reconocer la realidad tal cual es para, desde ese reconocimiento, seguir demandando legalidad y democracia.

*Vía lamula.pe