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Opinión 22 de mayo de 2018

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) se encuentra nuevamente en el centro del debate público, a raíz de la denuncia por un supuesto caso de apología al terrorismo, presentada por el congresista de Alianza para el Progreso Edwin Donayre contra la encargada del área de pedagogía, Gabriela Eguren. Luego de que se hiciera público un video de uno de los recorridos del LUM conducido por la pedagoga, esta fue retirada de su puesto de trabajo y se encuentra a la espera del fallo del proceso disciplinario sancionador que el Ministerio de Cultura abrió en su contra.

A la luz de esta controversia y de las diversas opiniones vertidas alrededor de la denuncia, conviene preguntarnos sobre el rol que tienen los lugares de la memoria en sociedades que han sufrido conflictos armados internos y están buscando transitar hacia procesos democráticos. Este cuestionamiento debe situarnos en un contexto en el cual una serie de narrativas sobre la violencia se encuentran en pugna y luchan por definir el contenido de lo que se recuerda, la forma cómo se hace y quienes deben o pueden participar en la gestión de estos espacios de conmemoración.

Para nadie es un secreto que el LUM ha estado envuelto en una serie de tensiones desde su concepción. Si en un primer momento, la controversia giró en torno a la negativa del entonces presidente Alán García de aceptar la donación del gobierno alemán para la construcción de un museo de la memoria, esta continuó con la desintegración de la Comisión de Alto Nivel, encargada de gestionar e implementar el proyecto museográfico. Luego de su inauguración, el LUM ha sido criticado y calificado como un espacio que distorsiona la verdad y relata una versión sesgada del periodo de violencia. Esto trajo como consecuencia la renuncia de Guillermo Nugent a la dirección en 2017. Hoy incluso se acusa al contenido de LUM de hacer apología al terrorismo, lo que ha llevado a la actual ministra de Cultura, Patricia Balbuena, a plantear una reestructuración de los contenidos que se ofrecen en la muestra permanente.

Este lamentable panorama nos advierte que la permanencia en el tiempo de los lugares de la memoria no está garantizada necesariamente y depende, en gran medida, de las agendas de distintos actores políticos, cuyas motivaciones no buscan otra cosa que el posicionamiento de sus narrativas como la hegemónica. En un país donde las políticas de memoria quedan poco claras y los discursos negacionistas se extienden con fuerza en distintos espacios de la sociedad, el LUM viene cumpliendo la enorme tarea de mostrar los hechos de violencia ocurridos durante las décadas del ochenta y noventa, y de interpelar las experiencias, los recuerdos y aproximaciones que jóvenes y adultos tienen sobre el tema, pese a todo.

Ahora más que nunca el LUM y los sitios de memoria a nivel nacional necesitan de una institucionalización progresiva que garantice su continuidad, reconozca su función social y reparadora, y nos conduzca a un profundo y sincero proceso de reconciliación.

*Escribe: Augusto Rosas, integrante del Grupo Interdisciplinario sobre Memoria y Democracia, e integrante del Centro de Documentación del Idehpucp.