Pedagogía de la justicia
Es sabido que el ejercicio de la justicia es uno de los más importantes campos para la educación democrática de una sociedad. Pocas experiencias son más fructíferas para la fortaleza del Estado de Derecho que el comprobar que las leyes realmente sirven para proteger los derechos de todos y que, cuando ellas son trasgredidas, la rama judicial del Estado está dispuesta a ofrecer respuestas al agredido y a hacer que el trasgresor responda por sus actos. La acción de una justicia imparcial, oportuna y solvente propicia que los ciudadanos se sientan libres e iguales, y miembros de un mismo orden político y social que vale la pena defender y que merece su lealtad y su respeto.
Por esa razón, resulta alarmante presenciar el estado y la forma de funcionamiento del Poder Judicial peruano, una institución que, salvando valiosas excepciones, parece corroída por la ineficiencia, la corrupción y la insolvencia intelectual y profesional. Igualmente preocupante es observar que al paso de las décadas y no obstante diversas propuestas de reforma desde el sector público o desde la sociedad civil, parece tratarse de una institución resistente a todo intento de transformación. Hoy, la justicia peruana sigue siendo un reino de ineficiencia que desmoraliza a cualquier ciudadano que aspire a ver sus derechos garantizados por jueces y fiscales. Y, en los casos notorios, esos que involucran a grandes delincuentes, la impunidad que habitualmente les ofrece la magistratura se convierte en una constante negación de nuestro orden democrático, en una continua y corrosiva pedagogía antidemocrática que esparce escepticismo, cinismo y desapego ciudadano frente a las leyes e instituciones que nos deberían regir. Ciertamente ello se vuelve aún más destructivo, si cabe, cuando los beneficiarios de la negligencia, la insolvencia y hasta la venalidad judicial son autoridades o funcionarios públicos, activos o en retiro, a quienes jueces y fiscales relevan de responder por enormes actos de corrupción o por crímenes atroces contra los derechos fundamentales.
Es por ello que diversas organizaciones de la sociedad civil, tales como organizaciones no gubernamentales y universidades, han tomado a su cargo la tarea de brindar mejor formación académica y profesional a jueces y fiscales, una labor indispensable que el Estado debería realizar cotidianamente. Esa es una forma de llevar a la práctica un auténtico compromiso ciudadano y de trabajar por la consolidación de nuestra democracia. Es curioso, por esa razón, que desde algunas tiendas políticas se ataque repetidamente a una tarea de pedagogía cívica que solo puede redundar en provecho de la ciudadanía. Por una extravagante deformación lógica, ideológica y ética, para un sector político de nuestra sociedad –normalmente asociado al fujimorismo o a familias políticas de ultraderecha— promover el respeto a la Constitución y a la ley, y brindar a jueces y fiscales los instrumentos para que cumplan su función al respecto, aparece como una suerte de ofensa o de confabulación.
Las organizaciones comprometidas con esta tarea tienen no solo el derecho sino también la obligación moral de perseverar en esta tarea. Cada día, alguna inexplicable resolución de un juez o fiscal nos recuerda cuán desprotegidos se encuentran peruanos y peruanas frente a la arbitrariedad del poder y frente a la criminalidad de grupos e individuos poderosos. Ciudadanos y colectividades que defienden sus derechos se encuentran cotidianamente con decisiones judiciales que nacen de un craso desconocimiento de la ley o bien de la simple y omnipresente corrupción. Por esta misma razón, la formación que ofrecen entidades como la Universidad Católica no es únicamente académica, sino que incorpora de manera importante una dimensión: las autoridades judiciales deben asumir su papel de ciudadanos y deben aprender a respetar y valorar a sus conciudadanos.
Es un esfuerzo grande que ha dado algunos frutos. Pero no cabe llamarse a engaño. El verdadero cambio no tendrá lugar mientras las autoridades del Estado no asuman su responsabilidad. La arquitectura institucional, los canales de incorporación y ascenso en el Poder Judicial, los mecanismos de fiscalización, todo ello está detrás de este recurrente fracaso que es una repetida agresión a todos los peruanos en cuanto ciudadanos. Cada día, algunos jueces famosos por su vergonzosa ejecutoria nos recuerdan que hay una enorme tarea por delante.
La República