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Opinión 17 de julio de 2013

Salmón recordó que, de acuerdo con las obligaciones internacionales contraídas por el Perú a través de convenciones y tratados, existen principios fundamentales exigibles a los Estados para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.  Dichos principios no se han respetado en este caso.

En días anteriores, el presidente ejecutivo del IDEHPUCP, Salomón Lerner Febres, se pronunció sobre la forma cómo fueron elegidas estas altas autoridades. El rector emérito de nuestra Universidad manifestó que esta elección «significa un grado más en el deterioro de la política y el desprecio por la gente común y corriente frente a la manera en la que se hace política en el país. No hay partidos políticos, no hay figuras políticas. El Congreso parece haberse colocado en las antípodas de la honestidad y del servicio».

En particular, el doctor Lerner se pronunció contra la designación de los abogados Pilar Freitas y Rolando Sousa como Defensora del Pueblo y magistrado del TC, respectivamente, señalando que la trayectoria de ambos personajes es contradictoria con el perfil que deben guardar los máximos titulares de ambas instituciones.

Diversas personalidades e instituciones de la sociedad civil se han manifestado, en los últimos días, con preocupación sobre el destino de dos instituciones fundamentales para la democracia. Mientras que el Tribunal Constitucional define, en última instancia, los procesos de garantía y la inconstitucionalidad de las leyes, la Defensoría del Pueblo ha sido un sólido baluarte moral para la protección de los derechos humanos, además de ser la entidad depositaria del legado documentario de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.