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Opinión 13 de junio de 2017

Hoy estamos lejos de aquella concepción excluyente de la democracia electoral, pero la búsqueda de reconocimiento y de respeto de los derechos no ha terminado para las mujeres ni mucho menos para la población LGBTI. La violencia dirigida específicamente a cierta población, la negación de protección efectiva de sus derechos por el Estado, la falta de consideración social o la falta de regulaciones institucionales que respeten las diferencias, todo ello conforma una situación de discriminación que históricamente no hemos sabido ver.

Los conceptos de “género” o “teoría de género” permiten, precisamente, remediar esa ceguera. Son formas de comprender la realidad social y humana en su diversidad, sin presumir una homogeneidad falsa y, por lo tanto, injusta. Se trata, dicho de la forma más resumida, de comprender que la existencia social de las personas no está completamente determinada por sus características anatómicas y fisiológicas, sino que descansa sobre una identidad, una forma de comprenderse y definirse a uno mismo.

La mirada dirigida al género apunta, también, a comprender el origen y la naturaleza de muchas injusticias cotidianas. Hubo un tiempo en que se pensaba que la desigualdad social se limitaba a las diferencias de riqueza. Nos tomó tiempo reconocer y asimilar que también las diferencias étnicas crean una situación de inequidad y de exclusión. Hablamos, así, del racismo. No debería ser difícil reconocer que así como la economía y la etnicidad, también el género –lo que la sociedad ordena que “sea” una mujer o la estigmatización de aquellos que no se reflejan en roles de género que se presume “naturales”—es fuente de injusticias.

El Estado peruano ha sido y es todavía insensible a esa dimensión de la inequidad. Si en los últimos años se ha realizado algunos avances en la materia, en cambio no se ha tomado las medidas necesarias, como capacitaciones y sensibilización, para que dichos avances cobren realidad efectiva. Respecto de los derechos de la población LGBTI, es impactante saber que el Estado no tiene ni información específica ni normas particulares para la protección de sus derechos. Las pocas que fueron dadas recientemente por el gobierno, en uso de las facultades legislativas delegadas, han sido anuladas por un conservadurismo recalcitrante que no da razones sino que apenas expone prejuicios.

Prejuicios en vez de razones predominan hoy en el debate público sobre el enfoque de género en el Perú. Lo hemos visto en el último medio año: definiciones falsas del término, especulaciones fantasiosas sobre las consecuencias que tendría su empleo en las escuelas, aprovechamiento del desconocimiento ciudadano para propagar temores y, sobre todo, odio y desdén.

Nuestra sociedad necesita una mirada informada, y no necesariamente para lograr un consenso monolítico sobre el tema, sino para tener un diálogo respetuoso e informado por convicciones democráticas, por saber científico y por principios jurídicos. Con ese fin, precisamente, del 12 al 16 de junio, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica (IDEHPUCP) presentará su XIII Encuentro de Derechos Humanos denominado “Re-pensando el Género”. Este será una ocasión para debatir ideas sobre un tema que es, ciertamente, controversial en nuestra sociedad, pero que justamente por ello requiere alejarse de la demagogia y fundarse en el conocimiento.

Escribe: Félix Reátegui, investigador y asesor del IDEHPUCP, para El Peruano.