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Opinión 5 de julio de 2016

En nuestro país, según el informe anual de PROMSEX, solo entre el 2015 y el 2016, se han presentado 8 asesinatos y 43 casos de afectación a la seguridad personal de personas LGBTI, así como 28 casos de discriminación por orientación sexual. De acuerdo al mismo informe, la violencia y discriminación por esta causa no solo proviene de particulares sino también de funcionarios públicos.

Lamentablemente, en este contexto de vulneración de derechos, las personas LGBTI no cuentan con mecanismos de protección que tomen en cuenta las particularidades de la violencia que se dirige contra ellas. En el pasado, distintos órganos en el ámbito de las Naciones Unidas se han pronunciado sobre la discriminación contra las personas LGBTI, debido a la relación que existe entre la orientación sexual y algunas vulneraciones a derechos humanos. Este ha sido el caso, por ejemplo, del Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, no era posible proveer un mecanismo específico debido a la falta de consenso entre los Estados miembros de la ONU.

El pasado 30 de junio se consiguió la aprobación del establecimiento de un Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género por parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Este hecho representa, sin duda, un gran avance para revertir la situación antes descrita.

El Experto Independiente constituye el primer mecanismo universal destinado exclusivamente a atender la problemática de la violencia y discriminación por orientación sexual o identidad de género.  Cabe indicar que a nivel del continente americano, la Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creada en el 2014, se encarga de velar por la protección y promoción de sus derechos.

Según la resolución aprobada, este nuevo mecanismo se encargará de evaluar los instrumentos de derechos humanos con miras a superar la discriminación y violencia contra la comunidad LGBTI, concientizar a la población acerca de este tema, así como promover medidas de protección y lucha contra la discriminación y violencia por orientación sexual o identidad de género.

Una pieza clave para combatir esta situación y garantizar los derechos de las personas LGBTI será la cooperación que se pueda generar entre el Estado peruano, la sociedad civil y el Experto Independiente para la creación de políticas y programas orientados a combatir esta situación.

Escribe: Carmela García, asistente de investigación del IDEHPUCP

(Foto: TV Perú)

(05.07.2016)