Los menores con discapacidad tienen varios problemas al momento de buscar colegios. En el ámbito público, los servicios de apoyo a la inclusión son escasos y los profesores regulares no cuentan con la capacitación necesaria para que el niño con discapacidad pueda sentirse realmente incluido. Todo esto ha sido relatado por la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial 155. Lamentablemente, no existe un estudio similar con respecto a qué sucede en el ámbito privado. Esta situación es particularmente preocupante puesto que la irrupción de la inversión privada en materia educativa ha crecido exponencialmente. En Lima, por ejemplo, ya existen más colegios privados que colegios públicos. ¿Qué medidas se toman para evitar que los privados incumplan sus obligaciones con respecto al derecho a la educación? ¿Cómo se realiza en el caso de niños con discapacidad?
La Ley General de la Persona con Discapacidad tiene una respuesta clara con respecto a la matrícula de niños con discapacidad en colegios privados. Así, señala en su artículo 35.2 lo siguiente:
Ninguna institución educativa pública o privada puede negar el acceso o permanencia de una persona por motivos de discapacidad.
Esto significa que quedan prohibidas las exclusiones que algunos colegios aún realizan hacia estudiantes con discapacidad (ver aquí y aquí). No obstante, queda la duda sobre cómo se van a afrontar los costos de la inclusión educativa. Y es que es claro que la educación inclusiva requiere de inversión para poder afrontar la adaptación de materiales curriculares (por ejemplo, transcribir un libro a Braille), permitir la accesibilidad total (a través de rampas, ascensores, mobiliario adecuado) o apoyos pedagógicos (intérpretes de señas, profesores especializados en educación inclusiva). La pregunta que surge es quién debe asumir los costos.
Esta discusión se debe entender desde el modelo social de la discapacidad. Esta forma de comprender este fenómeno señala que se genera por la interacción de una deficiencia y una barrera de índole social. En tal sentido, toda la sociedad debe hacerse responsable de la desaparición de esos impedimentos. En los espacios públicos, será el Estado el responsable (redistribuyendo el costo entre todos a través de impuestos) y en los espacios privados también deberá realizarse ello (pudiendo redistribuirse el costo a través del precio).
A pesar de ello, las situaciones de discriminación siguen presentándose. En ocasiones, es la exclusión de la participación en la educación. En otros colegios, no se quiere asumir el costo del apoyo y se le desea trasladar íntegramente a la familia del niño con discapacidad. Estas instituciones no comprenden que tienen el deber de realizar ajustes razonables hacia las personas con discapacidad y que no realizarlo constituye una forma de discriminación. La provisión de ese derecho no puede estar condicionada a un pago adicional.
El Ministerio de Educación tiene una política inclusiva desde el 2003. No obstante, solo recientemente ha tomado en cuenta su deber de regular a colegios privados. En la actual directiva de matrícula, señala que los colegios privados tienen como obligaciones:
- No excluir a niños con discapacidad del sistema educativo si se les puede incluir
- Reservar dos vacantes por aula
- No realizar evaluaciones, salvo para poder hacer los ajustes que requiera un estudiante
- Contar con personal capacitado para la inclusión
Adicionalmente, se habilita al director a pedir ayuda al Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE), órganos del Ministerio de Educación que antes solo tenían como misión apoyar a colegios públicos. También se consigna que el Centro Nacional de Recursos para la Educación Básica Especial (CENAREBE) debe colaborar con la provisión de materiales para estudiantes ciegos que asistan a colegios privados. Así, es posible identificar que, luego de bastante tiempo, el Ministerio de Educación busca apoyar la inclusión de niños con discapacidad en todo el sistema educativo. De esta forma, el Estado apoya las medidas que deben tomar los colegios privados. Este esquema de subvención requiere, también, un sistema sancionatorio que permita la denuncia y castigo de las entidades educativas que no cumplen con los lineamientos de matrícula. A pesar de todo, es posible sostener que esta nueva política es una buena señal en la construcción de una educación que sea para todos y que permita un real ejercicio de la ciudadanía en un futuro.
Conoce las directivas de matrícula en torno a educación inclusiva aquí.
Escribe: Renato Constantino, investigador del IDEHPUCP
