Una reflexión sobre la memoria histórica y el concepto de víctima a partir del Plan Metropolitano de Reparaciones

Todos los invitados coincidieron en destacar la importancia que un plan como este tiene en el proceso de reconciliación nacional como mecanismo de reconocimiento y dignificación a las víctimas, a través de un acceso prioritario y gratuito a todas las personas residentes en Lima y que cuenten con la certificación del Registro Único de Víctimas (RUV).

No obstante, al revisar más detalladamente los mecanismos de implementación del plan, no se puede dejar de preguntar por las formas cómo las víctimas han sido conceptualizadas por parte del Estado y las consecuencias que esta concepción trae sobre el diseño de las propias políticas de reparación. Así, quisiera retomar dos puntos de debate que ya han sido planteados hace algún tiempo desde otros breves estudios: por un lado, una columna que escribí junto a Vera Lucía Ríos en el 2012[1] y, por otro, el artículo de María Eugenia Ulfe, Vera Lucía Ríos y Ximena Málaga publicado en el 2013[2]. Veamos.

En la columna del 2012, escrita a partir de un trabajo de campo realizado en Lucanamarca sobre los mecanismos de construcción de ciudadanía —cabe mencionar que la fecha de presentación del plan de reparaciones de la Municipalidad de Lima coincide con la fecha de la trigésima primera conmemoración de la masacre ocurrida en esta comunidad—, nos preguntábamos sobre las formas en las que la memoria histórica es muchas veces utilizada por el Estado frente a ciertas situaciones coyunturales sin una verdadera voluntad política. El discurso sobre la violencia no aprecia los cambios al pasar de los años y poco o nada sabemos sobre la vida de las víctimas en la actualidad. Espacios como Lucanamarca se vuelven significantes vacíos en los que el interés momentáneo está centrado en la violencia —casi una mirada morbosa sobre el pasado— y no en la situación actual de las personas, sus luchas por reconocimiento o sus propios mecanismos de memoria, algunas veces cargados de olvido. Escoger fechas como el 3 de abril para realizar actos a favor de las víctimas del conflicto armado interno pareciera ser una práctica recurrente desde el Estado que, a la larga, termina invisibilizando la agencia que tienen las víctimas para seguir adelante. No se aprecia que Lucanamarca y los lucanamarquinos han cambiado desde hace más de treinta años.

Por otro lado, María Eugenia Ulfe, Vera Lucía Ríos y Ximena Málaga parten de cuestionar las formas como el concepto de víctima es construido y utilizado en el país a partir de un mandato mayor que van borrando y simplificando los matices que existen en la realidad hasta llegar al punto de posturas maniqueas entre víctimas y perpetradores que eliminan las pugnas y negociaciones que existen en el terreno de la memoria. En muchas de las comunidades andinas, los límites entre víctimas y perpetradores son difusos. En un mismo espacio —y en una misma persona— conviven ambas categorías en silencios cargados de recuerdos. Asimismo, debido a que el perfil de víctima del conflicto coincide con el perfil de pobreza en el país[3], las reparaciones se instalan en la esfera pública como otros mecanismos de inclusión similares a los programas sociales, sin reparar que el ejercicio de ciudadanía no es siempre igual y que tanto las víctimas como los pobres tienen mecanismo de respuesta frente al Estado para hacer llegar sus demandas.

En ese sentido, el gran problema de los planes de reparaciones en el país —incluido el de la Municipalidad Metropolitana de Lima— se encuentra en que, al equiparar la situación de víctima como la de pobreza, estos no logran cumplir su principal objetivo de dignificar a las personas a partir de un lazo maltrecho por la violencia. “Beneficiario” o “usuario” es ampliamente utilizado por la burocracia nacional pero “víctima” sigue siendo una categoría ajena y vacía. Una rápida lectura del Plan Metropolitano nos revela que se han puesto a disposición de las víctimas reconocidas en el RUV todos los programas de desarrollo que la Municipalidad administra a partir de los criterios del Programa Integral de Reparaciones. Cabe preguntarse, ¿en qué se diferencia un usuario regular de un programa de una víctima de la violencia residente en Lima? ¿Es que acaso los policías en retiro presentes ese día encajan también en el perfil de víctima de la Comisión de la Verdad y Reconciliación? Pensar que todas las víctimas son igualmente pobres y excluidas —desde los habitantes de Lucanamarca hasta los miembros de la policía o, tal vez, los ciudadanos que sufrieron el atentado de la calle Tarata— es el error medular de los planes de reparación.

La memoria es una disputa constante y que se va construyendo a partir de múltiples versiones de múltiples historias. Mientras no llevemos la reflexión sobre las víctimas y su capacidad de agencia hacia nuevas esferas y no se planteen planes de reparaciones que vayan más allá de la idea de inclusión social a partir de la pobreza, el camino a la reconciliación seguirá siendo largo y tortuoso. No se puede negar la voluntad e interés de ciertas autoridades locales por cumplir con las víctimas. Sin embargo, mientras “pobre” y “víctima” sean asimiladas como dos categorías similares en la administración pública, todas estas buenas intenciones solo quedarán en un mar burocrático en el que la dignidad humana y la agencia han de seguir luchando.