Las personas refugiadas y migrantes se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, no solo debido a su propia condición de migrantes, sino también por las particularidades específicas que caracterizan al éxodo venezolano en la región. Uno de los problemas más apremiantes está vinculado con la trata de personas. Actualmente, los Estados se enfrentan a dificultades para luchar contra la trata, vinculados principalmente a la persecución de los perpetradores, el acceso de las víctimas a la justicia, así como una atención que priorice sus necesidades.
En ese marco, resulta fundamental explorar las barreras y las oportunidades que enfrentan y pueden encontrar las personas víctimas de trata para acceder de forma eficaz a los servicios que presta el Estado, que estos ofrezcan respuestas oportunas y que brinden la protección necesaria para su integración – tanto en términos legales como de acompañamiento psicosocial – en los países en los que residen. A partir de esta información, se deben visibilizar ambas problemáticas y otorgar recomendaciones adecuadas de política pública, mirando experiencias comparadas que permitan identificar los nudos de acción y recoger buenas prácticas para responder a esta complejidad.
El objetivo general del proyecto es realizar un estudio regional para identificar las vulnerabilidades y barreras que enfrentan las personas migrantes para acceder a la justicia ante la ocurrencia del delito de trata de personas y tener acceso oportuno a servicios públicos, con énfasis en los casos de Perú, Chile, República Dominicana y Panamá.
Objetivos específicos:
- Dar cuenta de las vulnerabilidades y barreras que enfrentan las personas migrantes para acceder a la justicia ante la ocurrencia del delito de trata de personas en los cuatro países seleccionados.
- Identificar las limitaciones en la respuesta pública de las instituciones encargadas de los cuatro países seleccionados para responder de manera efectiva ante la ocurrencia del delito.
- Dar cuenta de las barreras que enfrentan las personas migrantes y las estrategias que desarrollan para acceder de forma efectiva a servicios públicos en cada uno de los países seleccionados.
- Elaborar recomendaciones de política pública y líneas de acción, identificando buenas prácticas para mejorar la respuesta pública frente a la ocurrencia del delito y la entrega de servicios públicos.
Actividades:
- Trabajo de gabinete para la revisión de data cuantitativa sobre la problemática así como literatura, normativa y buenas prácticas en los cuatro países para combatir el delito y favorecer la inclusión de población migrante residente.
- Análisis de las rutas de atención para migrantes, incluyendo servicios en los sectores sociales como protección social, salud, educación, reintegración, capacitación o intermediación laboral.
- Diseño de un mapeo de actores clave, del sector público y privado y de la sociedad civil, con especial énfasis en actores intermedios para acercarse a la experiencia de las víctimas de trata y de las herramientas de recojo de información.
- Ejecución de entrevistas semi estructuradas a actores identificados.
- Sistematización y análisis de hallazgos para la elaboración del documento de investigación.