Las personas venezolanas refugiadas y migrantes enfrentan una serie de barreras para el acceso a derechos en el país. Existe un problema principal con relación a la documentación y la regularización frente al cierre de fronteras y de acceso a solicitud de documentos durante algunos meses de la pandemia y a las recientes campañas de regularización, debido a las nuevas normativas (TUPA y nueva calidad migratoria humanitaria). En general, no contar con el carné de extranjería dificulta el acceso a una serie de derechos como trabajo, salud y educación. Esto también afecta a personas que cuentan solamente con el carné de solicitante de refugio, con el CPP, con la nueva calidad migratoria humanitaria o las que están en situación irregular.
Esta población, como muestran las investigaciones de varias instituciones, presenta diferentes necesidades y se enfrenta a contextos que la posicionan en una situación de vulnerabilidad. En el contexto de respuesta frente al Covid-19, la población refugiada y migrante quedó excluida de las medidas de apoyo económico del Estado en tanto no fue reconocida como grupo vulnerable o no contaba con los documentos requeridos para acceder a los bonos. En cuanto al acceso al trabajo, si bien este derecho se garantiza para las personas solicitantes de la condición de refugiado, estas enfrentan una serie de barreras tanto para el reconocimiento de los documentos que los habilita a trabajar, como para la contratación formal, una vez que cuentan con él; esto los expone a situaciones de explotación laboral o condiciones abusivas de trabajo en un contexto donde se evidencia una falta de información sobre los mecanismos de denuncia y de supervisión. Finalmente, dentro de la población refugiada y migrante existen subgrupos que experimentan mayores vulnerabilidades. Así, las mujeres, la comunidad LGTBIQ+, las personas con algún tipo de discapacidad, entre otros, se encuentran más expuestos a situaciones de discriminación y violencia.
En este contexto, se espera que con mayor frecuencia se recurra al Sistema de Justicia buscando la protección de sus derechos ya sea en el marco de conflictos con privados o en búsqueda de decisiones ajustadas al debido proceso por parte de sectores de la administración pública. Por ello, es necesario fortalecer al Poder Judicial y a los sistemas de defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para incrementar su capacidad de tutelar la protección de los derechos de las personas refugiadas y migrante, tomando en cuenta el contexto de virtualización de distintos procedimientos judiciales a raíz de la pandemia. Ello con el fin de evitar que la brecha digital se convierta en una barrera adicional de acceso a la justicia de las personas refugiadas y migrantes. Asimismo, es necesario también prevenir y/o superar la brecha de protección de personas refugiadas en el marco del Sistema Migratorio, siendo necesario procesos de formación y fortalecimiento de capacidades dirigidos a la autoridad migratoria.