Esta guía fue elaborada en el marco del proyecto “Fortaleciendo capacidades para la incorporación de estándares internacionales de protección para personas refugiadas y migrantes” del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Dicho proyecto tuvo como propósito brindar conocimientos de la situación de las personas en movilidad humana a funcionarios públicos del sistema de justicia. La condición de vulnerabilidad que enfrentan las personas que se han desplazado fuera de su residencia habitual se da no solo por enfrentarse a un ambiente desconocido, sino también por situaciones de discriminación y abuso, y por la falta de acceso a servicios de salud y educación. A pesar de la existencia de estándares de protección y cumplimiento pleno de sus derechos, en la práctica, enfrentan dificultades para ejercerlos sin restricciones y sin discriminación.
Agustín Grandez, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Gabriela Ramos, asistente de investigación del IDEHPUCP, bajo la coordinación de Andrea Carrasco y Cécile Blouin, investigadoras del IDEHPUCP, nos presentan una primera aproximación a los estándares internacionales de protección del derecho al acceso a la justicia de personas en movilidad humana. En base a una revisión de instrumentos internacionales y jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), identifican el marco internacional y el rol de los actores judiciales, nos presentan aproximaciones a la condición de refugio, a los procedimientos de control migratorio y a consideraciones particulares (niños, adolescentes, personas LGTBIQ).
Esta guía establece criterios jurisprudenciales de protección a los derechos y, además, señala que “el acceso a la justicia es un derecho vital en tanto supone un mecanismo esencial para garantizar el ejercicio de otros derechos […] es sumamente relevante para alcanzar con plenitud derechos como vivienda, salud, trabajo, entre otros; es decir, derechos económicos, sociales y culturales” (2022, pp. 66). En este sentido, el documento constituye una herramienta de suma utilidad para fortalecer las aptitudes de los actores judiciales en materia de protección de derechos de las personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado, migrantes y apátridas.
