A grandes rasgos, la desaparición forzada se entiende como el arresto, la detención, secuestro o cualquier forma de privación de la libertad llevada a cabo por agentes del Estado, personas o grupos que actúan bajo su autorización, actores particulares o miembros de organizaciones subversivas. En el Perú, se registra hasta el momento un total de 20,329 casos de desaparición forzada. Sin embargo, más allá de iniciativas como la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel encargada del seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional (CMAN) y la formulación del Plan Integral de Reparación (PIR), la problemática de las personas desaparecidas careció durante mucho tiempo de alguna entidad o dispositivo de política pública capaz de atender la esta demanda de forma orgánica.
Así, en el año 2016, se promulga la Ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia política (1980-2000). Y, posteriormente, se creó la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con la presentación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es a través de estos instrumentos que, por primera vez, se crea un marco jurídico con el fin de contar con un abordaje integral a la tarea de búsqueda, identificación y devolución de los restos de personas desaparecidas durante el periodo de violencia, mediante un enfoque humanitario.
En ese contexto, el IDEHPUCP y el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) organizan el “Encuentro de actores sociales para el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas en el Perú”, con el objetivo de recoger las demandas de los familiares de víctimas y elaborar propuestas concretas para el proceso de búsqueda desde el diálogo. El encuentro convocó a líderes y lideresas de organizaciones de víctimas, representantes de ONG de Derechos Humanos y funcionarios públicos. Además, se contó con la participación de familiares de víctimas de desaparición forzada de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Huánuco y Lima. Desde una metodología participativa, el documento recoge las expectativas en torno a la implementación de la política pública.
