El 21 de junio de 2016 se promulgó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el Periodo de Violencia 1980-2000, Ley 30470, que ha significado un cambio de paradigma en la intervención del Estado al incluir un enfoque humanitario. Esta investigación busca explicar cómo fue el proceso de elaboración de la política pública de búsqueda de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno en el Perú desde un enfoque de justicia transicional.
A partir de ello, se realiza un análisis desde las políticas públicas sobre la agendación y el diseño de la política pública haciendo visibles dos procesos: el paulatino fortalecimiento de las asociaciones de víctimas que conquistaron una cierta agencia que les permitió colocar su demanda de verdad y justicia en la agenda pública; y la convergencia, coordinación y negociación entre diversos actores con algún grado interés en la política de búsqueda de personas desaparecidas que lograron que la ley tuviese en un enfoque humanitario. Precede a esta investigación una útil descripción, desde un punto de vista normativo, de cómo se ha afrontado el problema de la desaparición de personas en otros cinco países latinoamericanos: Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay.
