La última jornada del XXI Encuentro de Derechos Humanos, que se desarrolló el jueves 7 de mayo, tuvo como tema central la “ciudadanía en movimiento y la prospectiva democrática”. En esa jornada se reflexionó sobre la posibilidad de transformar el descontento ciudadano en una expresión política y artística, así como sobre la cultura de resiliencia frente al agotamiento institucional. Por ello, el Encuentro concluyó con mesas dedicadas a la movilización social y a los valores democráticos, entendidos desde una perspectiva que incorpora los derechos humanos como una decisión ética y realista.
La mesa 5, titulada “Resistencias, nuevas formas de participación y derecho a la protesta”, estuvo integrada por Carmen Ilizarbe, docente de Ciencias Sociales y coordinadora del grupo interdisciplinario sobre Memoria y Democracia; Elizabeth Corzo, socióloga, activista y CEO de ENCO Perú; e Iris Jave, docente, doctoranda en la Universidad Alberto Hurtado (UAH) e investigadora del IDEHPUCP.
Las panelistas analizaron la respuesta ciudadana frente al descontento con los canales tradicionales de representación política y reafirmaron la vigencia del derecho a la protesta como un elemento central de la vida pública y de la defensa de la dignidad ciudadana. Carmen Ilizarbe sostuvo que las manifestaciones ocurridas en el Perú durante los últimos 25 años responden a la deficiencia de los canales institucionales, al incumplimiento de promesas y a la crisis de las organizaciones de base. En ese sentido, señaló que las protestas ejercen cierto “poder de veto” sobre el Gobierno. Asimismo, resaltó la desigualdad presente en la última campaña electoral, la cual reprodujo una división persistente desde el año 2000. Sin embargo, el estallido social de 2022-2023 significó una nueva visibilización de liderazgos y formas de resistencia frente al autoritarismo, especialmente entre los actores del sur andino.
Elizabeth Corzo continuó con la mesa 5 y enfatizó que el debate sobre la democracia y el Estado de derecho debería enfocarse en las dinámicas locales. Señaló que tanto la no ratificación del Acuerdo de Escazú como el derrame de Repsol evidencian debilidades derivadas de la ausencia de bases sociales sólidas. No obstante, destacó logros como la oposición vecinal a la instalación de una planta de cal en Márquez (Callao). Además, lamentó que la academia haya dejado de lado el espacio local como ámbito de construcción de ideas y de movilización social, y planteó como pregunta final: ¿Qué hacer para transformar el territorio que se habita después de haber asistido a una marcha?
Luego, Iris Jave centró su ponencia en las organizaciones indígenas afectadas durante el conflicto armado interno. Según el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), hubo 69 mil víctimas mortales entre la década de 1980 y el año 2000, de las cuales el 75 % provenía de sectores rurales, vivía en condición de pobreza y era quechuahablante. Señaló que la categoría de “víctima” no resulta suficiente para responder a las demandas de las organizaciones de familiares, integradas en su mayoría por mujeres, quienes han reconfigurado su lugar en la esfera pública y construido una “actualidad política” posconflicto. También, indicó que estas organizaciones de familiares se diferencian de los nuevos activismos principalmente por el tiempo de respuesta, la relación con internet y la construcción de una identidad colectiva.
Finalmente, el Encuentro cerró sus cuatro días consecutivos con la conferencia de clausura “El realismo de lo urgente: reorientando el sistema bajo la ética de los derechos”. Los participantes fueron Milagros Campos, magíster en Ciencia Política, investigadora y docente universitaria; Yván Montoya, docente de Derecho y miembro de la Asamblea del IDEHPUCP; y Miguel Giusti, director del IDEHPUCP y doctor en Filosofía.
En este espacio se dialogó sobre la institucionalidad del país y el lugar de los derechos humanos en la agenda actual, especialmente ante la necesidad de situar la dignidad humana en el centro de la democracia. Milagros Campos rememoró el diagnóstico político que realizó en la Comisión de Reforma Política hace más de siete años. La vigencia de este documento radica en la persistente debilidad de la política peruana frente a prácticas de corrupción que se expresan en la escasa rendición de cuentas, los problemas de gobernabilidad y las limitaciones en la participación electoral y política de la ciudadanía. No obstante, señaló que la resiliencia democrática existe y se manifiesta en acciones concretas, como el respeto a la independencia del Poder Judicial o la reevaluación de los mecanismos de selección del Tribunal Constitucional.
Yvan Montoya fue el penúltimo expositor del Encuentro y profundizó la actual perforación democrática en el Perú desde tres ámbitos: primero, la cooptación de instancias constitucionales autónomas; segundo, la corrupción en las instituciones, transversal a todos los estamentos de la función pública; y tercero, el resquebrajamiento de los derechos humanos, evidenciado en la criminalización de las protestas, la presentación de proyectos de ley de amnistía orientados a garantizar impunidad y la represión de la libertad de expresión. Frente a este escenario, el Poder Judicial todavía resiste mediante mecanismos como el control difuso y el control de convencionalidad, los cuales reducen el daño ocasionado por decisiones legislativas contrarias al derecho. Por ello, la participación política de la ciudadanía deberá ser aún más activa para proteger la autonomía que todavía subsiste en el sistema de justicia peruano.
El cierre del XXI Encuentro de Derechos Humanos estuvo a cargo del director del IDEHPUCP; Miguel Giusti, quien reflexionó sobre el embate actual contra los derechos humanos: una tendencia regresiva a nivel mundial que describió como un proceso de contrailustración. Citando a Giambattista Vico, del siglo XVII, introdujo la figura del “corsi e ricorsi” (avances y retrocesos), según la cual la historia humana avanza, pese a los retrocesos, y caídas, en ciclos de auge y renacimiento. La última referencia fue a Jürgen Habermas, fallecido en marzo de este año, quien concebía los derechos humanos como una “utopía realista” con inspiración moral y anclaje en el sistema jurídico internacional.
