Por Iris Jave (*)
Hay semanas en que la memoria se hace cuerpo y territorio al mismo tiempo: cuerpo, porque se encarna en restos humanos que vuelven a tener nombre y sepultura; territorio, porque cada hallazgo devuelve un lugar —una comunidad, un paraje, un cuartel— a la cartografía de la violencia que el país aún no termina de reconocer. Esa doble condición se hizo evidente en Ayacucho a mediados de julio, y estuve allí para acompañar ambas ceremonias: el miércoles 15, en la Catedral, cuando el Ministerio Público, el Equipo Forense Especializado (EFE) y la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas entregaron a sus familiares los restos de 44 personas víctimas de la violencia entre 1980 y 2000 —22 varones y 22 mujeres, recuperados en comunidades, anexos y parajes de las provincias de Huamanga, Huanta, La Mar, Víctor Fajardo y Cangallo—; y al día siguiente, en el Santuario de la Memoria de La Hoyada, cuando las madres de ANFASEP conmemoraron los quince años de la cruz que instalaron junto al cuartel BIM N° 51, conocido como «Los Cabitos». Dos hechos, dos días, un mismo hilo: la memoria que viaja, que revela, que interpela, y que se resiste ante el negacionismo y la desinformación que circulan entre actores políticos y algunos medios de comunicación de Lima, y que encuentra su mayor resistencia precisamente en las regiones.
Articulación estatal
La entrega de los 44 cuerpos no fue un hecho aislado ni espontáneo: fue el resultado de la articulación de por lo menos ocho agencias estatales. En primer lugar, la Primera, Segunda, Tercera y Quinta Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, el Equipo Forense Especializado (EFE), la Unidad de Biología Molecular y Genética de Ayacucho y la Dirección de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Ayacucho y Lima. También se sumaron la Defensoría del Pueblo de Ayacucho, la Dirección Regional de Salud, la Municipalidad Provincial de Huamanga e instituciones de la sociedad civil como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), el Centro Loyola, Aprodeh, Comisedh y las iglesias católica y evangélica. La identificación de los cuerpos, hallados, exhumados en distintos parajes de la región, y reconocidos con presencia de los familiares a partir de prendas y objetos que los acompañaron durante todo este tiempo, fue posible gracias a un trabajo interdisciplinario de profesionales en arqueología, antropología, medicina, odontología, psicología, derecho y trabajo social. El proceso de búsqueda articula una dimensión forense, una social y una de acompañamiento psicosocial, aspectos de la intervención que no pueden abordarse de forma disociada. Los familiares esperan una respuesta integral, y ese es el aprendizaje institucional que las agencias estatales parecen haber incorporado.
Los casos investigados muestran que la violencia no tuvo un solo responsable: entre las víctimas hay personas asesinadas por Sendero Luminoso (SL) -como ocurrió en Sulluhuaylla, Pacucro y Chullcupampa en 1984, donde murieron doce pobladores- y, otras detenidas y ejecutadas por agentes de las fuerzas del orden, como el profesor César Leonidas Rodríguez Cuadros, detenido en Huancavelica en 1985, cuyos restos fueron hallados en el cuartel Los Cabitos. Las fiscalías también investigaron los casos de 28 personas, varones y mujeres, asesinadas en diversas circunstancias entre 1982 y 1992 por SL, las fuerzas del orden o ronderos de los Comités de Autodefensa. La demostración de esa responsabilidad dividida o múltiple es parte de lo que el proceso de restitución puede aportar para comprender el pasado de violencia: la memoria no admite relatos únicos ni bandos absueltos.
Esta coordinación regional muestra algo que suele pasar desapercibido en el debate nacional sobre memoria y derechos humanos: en los territorios donde ocurrió la violencia, el Estado ha aprendido -con lentitud, pero con hechos concretos- a coordinar respuestas frente a las demandas de los familiares. Reconocer ese aprendizaje institucional no exime de exigir una mayor eficacia: el reconocimiento estatal debe traducirse en respuestas sostenidas, no sólo en actos protocolares. Son 44 personas cuyos restos fueron restituidos, pero se estima que en el país hay más de 22 mil personas desaparecidas -según RENADE-. La distancia entre esa cifra y estos actos de restitución es, en sí misma, una forma de medir cuánto falta.
Pero la ceremonia en la Catedral también deja una lectura crítica. Pese a tratarse de un acto profundamente vinculado con comunidades campesinas, el enfoque intercultural todavía no puede ser plasmado en la institucionalidad estatal. Presenciar esa distribución del espacio —los familiares a un lado, las autoridades al otro— fue incómodo. Esa disposición, común en actos oficiales, reproduce, posiblemente de manera involuntaria, la relación jerárquica que separa a quienes sufrieron la violencia de quienes hoy representan al Estado. La interculturalidad no puede ser solo un enunciado de política pública: tiene que ser implementada con participación de los familiares, reflejarse en la forma como se organiza el espacio y cómo se decide quién habla o desde qué lugar se recibe a los restos de las víctimas.
La Hoyada: la cruz que resiste
Al día siguiente, el 16 de julio, en La Hoyada, otra escena evidenció un registro distinto de la memoria: uno que nace del cuerpo, la fe y la persistencia de sus propias emprendedoras, y que convive —no siempre sin tensión— con las formas protocolares del Estado. Hace quince años, las madres de ANFASEP se asentaron en ese terreno -entonces, un descampado junto al cuartel Los Cabitos, de donde se presume salían cientos de detenidos cuyos cuerpos eran arrojados allí- e instalaron una cruz que reproduce la que ellas mismas cargaban en sus marchas en busca de sus familiares desaparecidos desde los años ochenta.
La conmemoración coincidió, este año, con la festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los presos en Ayacucho. Antes de la ceremonia, las madres de ANFASEP realizaron una procesión con la Virgen alrededor del Santuario; luego, en la misa, en la que participaron activamente, algunas mujeres recibieron y compartieron coca en lugar de la hostia, un gesto que expresa como la fe y la memoria de estas mujeres adquiere y empodera sus propias categorías rituales. Juana Carrión, presidenta de la ANFASEP, ha señalado que la elección de esta advocación no fue casual: ellas encontraron en la Virgen del Carmen un vínculo directo con sus propios detenidos-desaparecidos, presos primero y, para muchos, muertos después, en una búsqueda que ya supera los cuarenta años.
Al término de la misa, las propias madres de ANFASEP invitaron a tomar la palabra a un conjunto amplio de autoridades y organizaciones que las acompañaban: el gerente del gobierno regional, la coordinadora regional de la CMAN, representantes de organismos sociales y de derechos humanos, y de la academia, como la UNSCH y la PUCP. También estuvieron presentes los trabajadores de la obra, quienes, junto con el ingeniero residente, ofrecieron un caldo de mondongo a todos los asistentes. Entre las intervenciones, desde la PUCP planteé la importancia de pensar, desde ahora, los contenidos del espacio museográfico que tendrá el Santuario, y de construir una pedagogía de la memoria capaz de transmitir a las nuevas generaciones lo que este lugar significa.
El Santuario de la Memoria de La Hoyada, justo al lado del cuartel Los Cabitos, emerge como un símbolo de la muerte que lo habitó, pero también de búsqueda y de lucha permanente por encontrar a las personas desaparecidas. Un espacio que recuerda la violencia, la resistencia y la lucha de las mujeres de la ANFASEP que han estado buscando a sus familiares durante cuatro décadas. Es un lugar testigo, un terreno donde el pasado sigue siendo material y sagrado: esa tierra contiene los restos de las personas desaparecidas, y son ellas mismas quienes sostienen ese carácter sagrado. Pero es también, cada vez más, un espacio compartido, entre quienes lo sostuvieron con su presencia —las mujeres de ANFASEP— y quienes hoy se suman desde otros lugares: actores estatales que enfrentan el desafío de ofrecer respuestas; actores sociales que han acompañado su lucha todos estos años. Es un diálogo entre la experiencia de fe y de participación que estas mujeres traen desde sus propias comunidades, y que persiste al margen de los debates políticos sobre el pasado.
Haber acompañado estas ceremonias en estos días me dejó más preguntas que certezas: ¿cómo se dialoga con un pasado que algunos insisten en negar? ¿Cómo seguirán estas formas de resistencia y agencia sosteniendo y ampliando una memoria cada vez más compartida? ¿Cómo transmitir las historias, las memorias y los relatos que van emergiendo a las nuevas generaciones? Aún no consigo respuestas, pero Ayacucho nos dejó estos días alguna intuición: la memoria no pide permiso para instalarse en cada lugar que la reclama. Se constituye en territorios, afectos, cuerpos y caminos.
(*) Investigadora del IDEHPUCP
