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Análisis 17 de noviembre de 2026

Por Diego Portillo (*)

Una política de cuidados que desconoce el territorio corre el riesgo de excluir a quienes pretende proteger.

En el Perú, discutir el cuidado exige mirar las distancias, las lenguas originarias, las relaciones comunitarias, las relaciones y las condiciones ambientales que permiten sostener la vida desde una perspectiva intercultural y territorial. Además, una discusión de política de cuidados en el Perú no puede estar exenta del reconocimiento real, cultural y territorial de quienes cuidan y reciben cuidados. Por lo tanto, la interculturalidad debe intervenir en la definición del cuidado, en las decisiones sobre su organización y en la distribución de los recursos públicos.

El primer desafío es ampliar lo que reconocemos como cuidado. Atender a niñas, niños, personas mayores o personas que requieren apoyos es fundamental. Sin embargo, una investigación participativa con mujeres de pueblos étnicos en Colombia muestra otras dimensiones: producir alimentos en la chagra, transmitir conocimientos ancestrales, defender el territorio frente al despojo y participar en rituales de sanación colectiva. Estas prácticas sostienen vínculos, memorias y condiciones materiales de existencia (González et al., 2026). Si una política únicamente reconoce actividades que encajan en sus categorías administrativas, termina convirtiendo otras formas de cuidar en trabajo invisible.

Esta ampliación también cuestiona la separación entre bienestar humano y naturaleza. Desde distintas perspectivas de pueblos originarios, cuidar comprende las relaciones con la tierra, los bosques y los ríos. La presentación del seminario de CLACSO sobre conservación y ancestralidad recoge esta mirada relacional y su cuestionamiento al antropocentrismo, así como una comprensión de la naturaleza como sujeto de derechos (CLACSO, 2024). Esto no supone atribuir una única cosmovisión a todos los pueblos ni afirmar que ese reconocimiento jurídico existe de manera uniforme, sino más bien, invita a discutir qué vidas y relaciones merecen protección. Desde esta perspectiva, resulta contradictorio promover el cuidado mientras se tolera la destrucción de sus condiciones ecológicas.

El territorio, además, organiza las posibilidades concretas de cuidar. Los lineamientos regionales de CEPAL, ONU Mujeres, PNUD y OIT destacan que las distancias, la infraestructura, los servicios básicos y la diversidad cultural inciden en el acceso al cuidado (CEPAL et al., 2025). Por eso, un servicio diseñado para una zona urbana densamente poblada requiere transformaciones profundas para funcionar en comunidades amazónicas dispersas o localidades altoandinas. Por ello, propongo que la igualdad se traduzca en garantías comunes con respuestas diferenciadas como transporte pertinente, atención en lenguas originarias, horarios acordados y servicios construidos con conocimiento local.

Aquí aparece una disputa de poder. ¿Quién decide qué necesita una comunidad? ¿Quién determina cuáles saberes son válidos? Una política intercultural exige que pueblos indígenas, organizaciones comunitarias y personas cuidadoras participen en las decisiones, con capacidad de modificar prioridades y presupuestos. Convocarlos cuando el diseño ya está cerrado reduce la participación a una formalidad. Traducir materiales resulta insuficiente cuando permanece intacta la autoridad que define cómo deben vivir y cuidar los demás.

También debemos evitar la romantización de lo comunitario. Las redes autogestionadas expresan solidaridad y capacidad política, pero su existencia no justifica descargar nuevas obligaciones sobre las mujeres. Esto sería un grave error. El estudio colombiano advierte que las prácticas de cuidado han recaído desproporcionadamente sobre mujeres de pueblos étnicos, sin reconocimiento económico ni político (González et al., 2026). Reconocer esos saberes debe acompañarse de remuneración cuando corresponda, protección social, descanso y redistribución del trabajo. La autonomía comunitaria y los derechos de las mujeres deben fortalecerse conjuntamente.

En contextos de racismo, violencia y despojo, sostener una lengua, preservar semillas o transmitir conocimientos puede adquirir un sentido de resistencia política. Mi lectura, por tanto, es que estas prácticas defienden la posibilidad de continuar existiendo colectivamente. Para el Perú, esto exige articular los cuidados con la protección territorial, los servicios públicos y la lucha contra la discriminación. Financiar una intervención aislada mientras se deterioran las condiciones de vida de una comunidad debilita cualquier promesa de bienestar.

La responsabilidad estatal consiste en garantizar derechos y recursos, reconocer autoridades y saberes diversos, y enfrentar las desigualdades que atraviesan también a las comunidades. Una política intercultural y territorial debe evaluarse por su capacidad para reducir cargas injustas y ampliar el poder de decisión de quienes cuidan. El cuidado será transformador cuando permita sostener la vida colectiva sin exigir el sacrificio permanente de las mismas mujeres.

(*) Magíster en Gestión de Políticas y Programas para el Desarrollo Infantil Temprano y docente PUCP

Referencias