Por Iris Jave (*)
Como señalaba en el artículo anterior, el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas al 2030 (PNBPD) elaborado por la Dirección general de Búsqueda de Personas desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y publicado en agosto de 2021, avanza en atender al problema público identificado como la “baja tasa de respuestas del Estado a los familiares en los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas durante el período de violencia 1980-2000”, incorporando un enfoque intercultural en el acompañamiento psicosocial durante el proceso de búsqueda, garantizando el derecho a la verdad y proporcionando un efecto reparador.
El PNBPD enfatiza el enfoque humanitario, que coloca en el centro del proceso a los familiares, con un enfoque intercultural que permita integrar la diversidad del universo de personas desaparecidas y sus familiares (idioma, religión, costumbres, etc.), recogiendo los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este documento internacional plantea la necesidad de una política pública integral, que desarrolle la búsqueda de forma permanente y, bajo la presunción de vida de las personas, planteando que ésta sea coordinada, articulada y segura, pero sobre todo que involucre la participación de las familiares en el proceso de búsqueda, entre otras recomendaciones.
Una política pública integral
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro (RENADE), a la fecha existen 21,334 personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, de las cuales 2,659 han sido encontradas sin vida y sus restos restituidos a sus familiares, y 33 personas han sido halladas con vida, lo que deja un saldo de 18,642 personas por buscar. El PNDBD establece que al 2030 el Estado peruano debería entregar 6 mil respuestas como mínimo a los familiares[1]. Aunque ciertamente las cifras pueden resultar desalentadoras para la larga espera y demanda de los familiares, la búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia no se puede centrar solamente en las respuestas finales.
«Los familiares demandan ser incluidos en los espacios de diálogo y de información sobre la base de su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas: manejan prácticas de acción pública, activismo e incluso, de incidencia política.»
Hay que considerar la búsqueda como un proceso, que implica una serie de etapas y de relacionamiento con diversas fuentes de información y de actores, tanto estatales como sociales. La complejidad que plantea la búsqueda de personas desaparecidas hace más de 40 años, implica tomar en consideración no solo el tiempo transcurrido, sino también los contextos diferenciados en que se produjeron las desapariciones, así como el universo diverso y multicultural de las personas desaparecidas y sus familiares, entre otros factores.
Ello implica, plantear la búsqueda como una política de estado que sea integral. Eso significa que no no solo atañe al ministerio de Justicia o a la Fiscalía, como entidades responsables de la búsqueda, sino que debe involucrar a otros sectores del estado que también pueden aportar información o que tienen competencia en la materia, como Salud, Defensa o Interior, así como también a los gobiernos regionales y locales. La articulación al interior del propio estado, tanto a nivel nacional como subnacional, requiere de un esfuerzo al más alto nivel para que la cooperación interinstitucional funcione y se pueda avanzar con la necesidad de atender como una política pública la demanda de respuestas de los familiares en la búsqueda.
Hacia una participación activa de las familiares
El PNBPD reconoce la necesidad de garantizar la participación de las familiares en el proceso de búsqueda, y así lo expresa en la inclusión de algunas organizaciones de familiares en el Grupo de Trabajo Multisectorial[2] creado para tal fin. Sin embargo, para los familiares esta participación resulta insuficiente tanto porque no representa al conjunto de los familiares a nivel nacional, como debido a que no todos los familiares han decidido organizarse, pero es importante igualmente su participación.
Los familiares demandan ser incluidos en los espacios de diálogo y de información sobre la base de su experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas: manejan prácticas de acción pública, activismo e incluso, de incidencia política. Esto genera una mayor demanda de información, intervención y rendición de cuentas. La participación es asumida por los familiares, como un espacio permanente de escucha, diálogo y de reconocimiento. En ese sentido, las expectativas de los familiares pueden parecer demasiado exigentes frente a los resultados de las entidades oficiales de búsqueda, pero hay que entenderlas en el contexto de sus trayectorias y, sobre todo, desde su experiencia personal y colectiva en procesos que pueden resultar doblemente dolorosos, en tanto lo que significa la desaparición de un familiar y el tiempo transcurrido sin obtener ningún tipo de respuesta. Perder la memoria individual, familiar y colectiva de los familiares de personas desaparecidas es quizá uno de los mayores riesgos que afrontan el estado peruano y la sociedad en su conjunto.
(*) Investigadora en IDEHPUCP.
